La violencia contenida no significa acuerdo

A Carlos Torres Manzo, un agradecido recuerdo

La renuncia a la presidencia de Evo Morales demuestra cómo pueden las Fuerzas Armadas hacer valer su poder sin llegar a atropellar vidas y bienes de los ciudadanos. En Bolivia, al igual que con nosotros, el Ejército proviene de las clases populares en las que se enraízan. Se evitó un golpe físico de Estado gracias a ciertos factores: El primero de ellos fue que Evo optó por no ensangrentar a su país así como lo prefirió Porfirio Díaz. El expresidente deja bien abierta la posibilidad de recobrar una personalidad válida como para merecer un regreso digno y triunfal. Su estancia en México, desde luego tan anecdótica como su azaroso viaje de escape en avión, dará mucho que comentar para los que tengan el gusto de escudriñar los vericuetos del derecho constitucional.

Otra faceta de la salida de Evo Morales es la realidad de la vicepresidenta que, de acuerdo con la Constitución de Bolivia, ocupa la presidencia con la misma legitimidad formal que la que tiene la renuncia del que vemos ahora como expresidente. Algunos países, como Rusia, Colombia, Guatemala y Estados Unidos, ya la reconocen, lo que da elementos para enderezar procesos jurídicos para precisar quién avala mejor a la democracia. La presión popular, a la que Evo ha de atenerse, no tiene más argumento que las movilizaciones callejeras. Los argumentos técnico-legislativos son los que están perdiendo validez salvo en las salas de negociación que son de menor dramatismo. La posibilidad de que Evo salga triunfante tras de un acuerdo conciliado es posible. Así como se ha reconocido la claridad del rechazo, debe también reconocerse la insostenibilidad de su prolongado apego al trono presidencial.

Aquí, en casa, el miércoles pasado presenciamos el apasionado, pero, vergonzoso sainete entre parlamentarios. Morena se equivocó al forzar la protesta de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos valiéndose de una trampa aritmética en el conteo de votos. El caso de Rosario Piedra, pieza penosa por sus cualidades personales y su calidad de consejera de Morena hasta el día anterior de su toma de protesta, careció de aceptabilidad constitucional. 

Lo muy grave de este asunto está en la terquedad con que puede arrastrarse poniendo en duda la validez de las futuras sentencias de la CNDH al grado de dar pretexto a que, desde Palacio Nacional se proceda a reemplazar, no a la señora que detenta el cargo, sino que lo que sería peor, sustituir a la Comisión actual con otra. La receta es ya familiar y fácil: se procedería a inventar una nueva institución “protectora de derechos humanos” que, con su dotación de personal adicto a López Obrador, tomaría las riendas recién creadas.

La ciudadanía latinoamericana es proclive al desorden. Hoy los tiempos no favorecen el ideal de la democracia, marcada como propuesta romántica e irrealizable. En nuestro continente brotan ejemplos de cómo los derechos y necesidades básicas del hombre son cínicamente ignorados, incluso traicionados, por aquellos que han llegado al puesto público gracias, y aquí radica la ironía, a miles de ciudadanos que luego son manejados, manipulados, al antojo de los mismos líderes que urdieron toda la trama.

Es llegado al momento en que el ciudadano mexicano se decida a tomar partido y participar en la retoma de su poder político perdido y se aliste en la brega electoral que culmina en 2021. Se trata de que el siguiente grupo que llegue a la Cámara de Diputados sea ampliamente diversificado y esté comprometido a actuar con dignidad. 

En todo el país convergen las violencias que toman forma policial, judicial o administrativa. Los criminales se sienten, con sobrada razón, dueños del país que les cedieron las autoridades que elegimos. El amago de ataque al pequeño comerciante igual que al gran empresario, o la amenaza a las asociaciones de servicios sociales de ser privadas de medios de operación que completa el cuadro de inseguridad.

No sólo es una inocencia ciudadana la que nos trajo a este siniestro estado de cosas. Es una negligencia culpable la que se refleja en la abstención que brilla en las casillas cuando llega la jornada electoral. El Consejo para la Democracia, organismo cívico plural que en los años 90 jugó un importante papel, debería retomar su responsabilidad y convocar a la acción.

No necesitamos llegar a la violencia callejera para entender que hay que defender la amenazada democracia. México, en la encrucijada que su ubicación norteamericana le plantea, afectada su tranquilidad por mafias con poder político, tiene que contar con una ciudadanía fuerte y consciente de las disyuntivas que ella tiene que resolver en la coyuntura actual.