Desperdicio en tiempos de crisis

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el Plan Integral, con calendario y lineamientos, para realizar la Consulta Popular 2021 el próximo 1° de agosto para cumplir una promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, afirmó que el instituto cumpliría sus obligaciones constitucionales en la medida de las posibilidades presupuestales que otros poderes del Estado determinen.

Además, solicitó, en dos ocasiones, a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal reduciendo el número de casillas a instalarse, de 104 mil a 91 mil. La consulta se hará con recursos propios si es necesario.

Esa preparación es para escenificar una de las más burdas estratagemas de este gobierno para desviar la atención de la ciudadanía de asuntos de lacerante urgencia. La consulta se centra en una sola pregunta:

 “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Se observa que la pregunta no define a qué se refiere con “decisiones políticas”, tampoco aclara quiénes eran esos “actores” y, peor aún, a qué años se refiere el ejercicio. Podríamos remontarnos hasta la fundación de Tenochtitlán, fecha que a nuestra historiadora oficial mucho le interesó precisar.

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No es necesario que el ciudadano confirme estar o no de acuerdo con que se siga un “proceso” legal sobre decisiones políticas pretéritas. Es absolutamente ociosa esta pregunta salvo que encierre alguna misteriosa intención sin revelar. Más aún, ¿cuál sería el “proceso de esclarecimiento” para “garantizar la justicia y los derechos” de una o más de aquellas víctimas?

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Y no se atreva el ciudadano a responder no a la oscura y equívoca pregunta porque ello invalidaría todas las decisiones “políticas” que un “actor político” hubiera tomado en “años pasados”. Responder sí es dejar abierta la indagatoria, vía medios que no se mencionan, sobre las razones, antecedentes o propósitos de las “decisiones” que la pregunta ni siquiera desea identificar.

La consulta tenía su histriónico sentido cuando aludía a los expresidentes. Pero la Suprema Corte distorsionó intencionadamente la pregunta para suprimir su objetivo de enjuiciarlos. Eliminados éstos en la versión expurgada la pregunta se ahueca.

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La consulta no es seria. En estos tiempos sólo tendría sentido actualizándola con los nombres del propio Presidente y los de algunos de sus colaboradores inmediatos, como Manuel Bartlett, quien tiene graves asuntos pendientes desde hace más de cuarenta años.

Además de costosa, la consulta queda en una broma de mal gusto que el presidente López Obrador lanza al ruedo para distraer al pueblo sabio de asuntos actuales de lacerante urgencia.

Más sentido tendría consultarle al pueblo qué servicios requiere con urgencia, qué se necesita para echar a andar su estancado potencial.