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Sin miedo al sismo

Juan Carlos Talavera

Juan Carlos Talavera

Vórtice

El patrimonio histórico y arqueológico de México, que resguarda el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), está protegido contra actos de terrorismo, pero carece de cobertura ante sismos, erupción volcánica o cualquier daño causado por una falla geológica o reblandecimiento del suelo, como se aprecia en el Programa de Aseguramiento Integral de Bienes Patrimoniales del INAH, cubierto con una póliza a cargo del ente público AgroAsemex.

Parece broma, pero luego de los sismos de 2017, el INAH no ha obtenido un seguro que ampare la infraestructura histórica frente a posibles terremotos, debido a los altos costos que han impuesto las aseguradoras, con lo cual esos rastros prehispánicos y coloniales, tantas veces ensalzados, hoy están en el sagrado limbo que aspira a un mejor futuro, mientras Alejandra Frausto y Diego Prieto dedican sus oraciones a Tepeyolohtli, el dios de la montaña, cuyo rugido era asociado al movimiento tectónico de la tierra.

Según el Servicio Geológico Mexicano, nuestro país está en una de las regiones sísmicas más activas del mundo, el Cinturón de Fuego, que convierte a Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco en los estados con mayor sismicidad, con impacto en Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla y la Ciudad de México.

Aquí aparece la pregunta obvia: ¿qué porcentaje de esa riqueza histórica existe en esta franja y qué efectos podría causar el no contar con un seguro de cobertura amplia?

El tema preocupa a algunos, aunque sólo Arturo Balandrano, titular de la Dirección de Sitios y Monumentos, se ha pronunciado y ha sugerido tímidamente un par de escenarios. Por ejemplo, la creación de un fondo con recursos federales, una vez que se extinga el Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden), aunque sabemos que ese presupuesto, contagiado de covid-19, es una frazada muy delgada que no cubriría daños similares a los de 2017.

Y, en el caso de los templos coloniales, condicionar a las asociaciones religiosas para que, a cambio de su uso, contraten un seguro individual. A esto se suma el diferendo entre el INAH y la aseguradora Banorte por el supuesto pago incompleto para cubrir las afectaciones de los sismos de 2017, caso que será llevado a tribunales.

Al consultar la póliza de AgroAsemex, activa entre el 12 de febrero y el 31 de diciembre de 2020, que opera bajo el esquema tipo blanket, se observa que protege contra robos, avalanchas de lodo, granizo, helada, huracán, inundación, marejada, nevada, vientos tempestuosos y terrorismo, entendido como “el uso de la fuerza o violencia por parte de cualquier persona o grupo de personas que actúan por su cuenta o como parte de alguna organización religiosa con fines políticos, religiosos o ideológicos”, con un límite máximo de responsabilidad por evento de hasta 250 millones de pesos.

Sin embargo, se deslinda en caso de una detonación nuclear, contaminación radioactiva, guerra, invasión u operación bélica, guerra civil o rebelión, revolución, insurrección, conmoción civil o un levantamiento, poder militar o usurpado, ocupación ilegal, pérdida o daño de actos de contrabando o transporte ilegal o comercio. Tampoco se responsabiliza ante daños por contaminantes, la exposición de productos químicos o biológicos de cualquier tipo.

Es casi seguro que el próximo año el INAH revelará el hallazgo de las naves que integraron la flotilla de Hernán Cortés en las costas de Veracruz, en el marco de los 500 años de la consumación de la Conquista, y escucharemos el anuncio mediático de Diego Prieto y Alejandra Frausto, quienes entonarán el estribillo de la riqueza cultural y su defensa, pero omitirán la urgencia de un presupuesto suficiente para el INAH en el PEF 2021 y 2022, y de un seguro que sí proteja al patrimonio frente al próximo sismo.

 

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