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Desactivados

Juan Carlos Talavera

Juan Carlos Talavera

Vórtice

 

 Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura federal, no debió deslindarse del chat “Desactivación Colectivos” en el que participaron algunos de sus funcio­narios más cercanos. Lo esperado era que asumiera su deber como funcionaria y or­denara una investigación para conocer la fecha en que éste fue creado, la lista com­pleta de quienes han participado, su obje­tivo real y una explicación sobre por qué se sumaron servidores públicos de varias dependencias.

Frausto debió tomar el asunto en serio y no solicitar a su vocero que ‘desactivara el tema’. Ahora, cientos de artistas, creadores y promotores culturales la quieren ‘desacti­var’ a ella y nadie puede culparlos, porque al adoptar el velo de la inopia, de la sor­presa y la ignorancia, asumió el papel de la funcionaria distraída y poco informada del trabajo que realizan sus colaboradores, es decir, se le retrató como una titular ausente y poco sensible, que toma los problemas a la ligera en un momento inédito a causa de la pandemia.

En esta comedia de enredos que se presta a la mofa y al escarnio hay un caldo de pre­guntas que preocupa mucho. Si la secretaria Frausto realmente no sabía sobre el tema, ¿por qué no acudió al Órgano Interno de Control de la SC o a la Secretaría de la Fun­ción Pública (SFP)? ¿Si quería mostrar su inocencia anticipada, por qué no fue la pri­mera en exigir que se revelara todo el con­tenido de ese grupo virtual? ¿Cuántas cosas suceden alrededor de Frausto sin que ella lo sepa?, ¿quién mueve entonces los hilos de esa dependencia? ¿Será que la titular es un accesorio para la Cultura en México?

 

 Poco antes de cerrar estas líneas tropecé con el mensaje de Esther Hernández, di­rectora general de Vinculación Cultural, en el cual asume la responsabilidad del chat de marras y bebe la cicuta al aceptar que no informó a la subsecretaria Marina Núñez Bespalova ni a Frausto y que tomó aquel nombre a la ligera.

El mensaje fue difundido en sus redes sociales a manera de disculpa, y aunque lamenta no haber advertido del “pési­mo nombre” del chat y la “falta de mane­jo institucional en el mismo”, su carencia de institucionalidad la coloca en una mala situación ante la maltrecha dependencia, pues en lo sucesivo muchos seremos es­cépticos a sus ideas, sin importar que jure sobre el lomo de una Biblia. Quizá me equi­voque, pero su declaración es la espada samurái que alista el seppuku.

Sólo queda pendiente la explicación de los demás funcionarios involucrados, en especial de Pablo Raphael de la Madrid (director de Profest), Ángeles Castro (direc­tora del Cenart), la asesora jurídica Paula Vázquez y Martha Bremauntz y Alejandra Chávez, de la subsecretaría de Desarrollo Cultural.

Me dicen que en este momento la ofici­na de la SC está en llamas y que se alistan varios cambios. Mientras tanto, los afecta­dos ya lanzaron una petición en change.org (https://bit.ly/39IBYF7) para insistir en la destitución de Frausto. Dudo que la se­paren del cargo, así que la protesta deberá continuar al ritmo del Escándalo de la So­nora Dinamita.

ADIÓS AL CAPÍTULO 3000

Y mientras las instituciones culturales con­tinúan su lento deterioro y pierden más y más credibilidad, los trabajadores del Ins­tituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), contratados por Capítulo 3000, se reunieron ayer con Pedro Fuentes Burgos —el mismo subdirector general de Admi­nistración que firmó el decreto para elimi­nar los instrumentos que garantizaban la protección y reedificación del Teatro Julio Jiménez Rueda—, quien les prometió que antes del 20 de diciembre todos tendrán su pago de noviembre, que las autorida­des administrativas emitirán un adendum para que su contratación se amplíe hasta los dos primeros meses de 2021 y que su forma de contratación pasará al capítulo 1000, es decir, por honorarios. Ojalá que el representante de Lucina Jiménez cum­pla a cabalidad con lo que ayer prometió.

 

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