Agua turbia

Numerosas dudas y ríos de agua turbia corren por las arterias de las instituciones culturales de México. No es algo nuevo ni ha cambiado mucho en los últimos años, lo que confirma la necesidad de contar con un órgano autónomo como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que es de utilidad en los múltiples casos de opacidad cultural.

Sucedió cuando edificaron la Estela de Luz y la Megabiblioteca Vasconcelos, con la ampliación de la Biblioteca de México, la renovación de la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes y el inexistente Museo de Museos.

Y se repite hoy, mientras los funcionarios de la cultura usan el mismo cristal velado en temas como el Proyecto Chapultepec, cuyo plan maestro prometieron para noviembre pasado, mientras su página oficial https://bit.ly/2LscJNT mantiene un resumen ejecutivo y la secretaria Alejandra Frausto sostiene reuniones a chat cerrado con artistas y creadores.

O en el caso de la recontratación de trabajadores que hasta diciembre de 2020 pertenecieron al capítulo 3000 y hoy carecen de certeza laboral porque serán recontratados de forma escalonada. ¿Qué significa eso y cómo se argumenta?

Según el comunicado de la Secretaría de Cultura del pasado 11 de enero https://bit.ly/2XGVb2U, “las mismas condiciones de operación atípicas acotan las contrataciones” y “en conjunto con las distintas áreas de la Fonoteca se analiza la posibilidad de que parte del personal sea recontratado de forma escalonada a lo largo del año”.

¿Contratación escalonada? No parece la mejor ruta para los trabajadores que perciben entre 8 mil y 20 mil pesos mensuales. Ojalá nos informaran cuántos funcionarios del sector dejarán de recibir su paga o si la propia Frausto renunciará a algunas de sus quincenas. Debería poner el ejemplo.

Podría parecer ocioso, pero en un ejercicio de memoria simple está claro que, si la Secretaría de Cultura fuera un ejemplo de transparencia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que dirige Lucina Jiménez, no habría reservado por cinco años la información del homenaje realizado a Naason Joaquín García en el Palacio de Bellas Artes.

Tampoco habrían simulado una investigación en la Coordinación Nacional de Literatura, que dirige Leticia Luna, por el caso de la inédita y bochornosa apertura de plicas en tres concursos literarios.

¿Qué perspectiva tendrá el proyecto de Cultura Comunitaria, que este año no tendrá tantos recursos y que ha revelado denuncias entre sus colaboradores? ¿Dónde quedó la supuesta investigación a la empresa Viajes Premier que pagó de forma irregular a cientos de artistas en todo el país?

Y siguen sin responderse otros cuestionamientos, como el incumplimiento de la Ley General de Cultura y de los vales de cultura, los resultados sobre el supuesto “hallazgo” y análisis de la voz de Frida Kahlo que Pável Granados prometió hace siete meses; y la confirmación de que existe alguna auditoría en torno al famoso chat Desactivación colectivos.

Hace unos días la periodista Reyna Paz documentó varios casos de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dirigido por Diego Prieto, a quienes se les paga desde la partida de herramientas, como si fueran palas y cubetas (https://bit.ly/2XHNY2q), lo que impide que demuestren su experiencia o sean acreditados como colaboradores de algún proyecto. ¿Es legal, moral y transparente?

Y ¿cuál es la respuesta de la autoridad? Ojalá aportara datos duros y no la tradicional muletilla del “análisis en curso” y el eterno “diagnóstico” que se acentuó en este año de poca transparencia, luego de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales suspendiera temporalmente sus plazos a causa de la pandemia.

Por cierto, Vanessa Bohórquez cumplirá mañana un mes al frente de la SC local y aún desconocemos sus ideas y su programa de trabajo. Eso tampoco abona mucho a combatir la opacidad.