Rebeldes

Así como los que han protagonizado escándalos con sus Congresos locales: Baja California (Ley Bonilla) y Puebla (Ley de Educación) y, por otro lado, “los grupos rebeldes” que el senador Ricardo Monreal clasificó, atinadamente, de la manera siguiente, cito textualmente: “La rebelión del capital, la de gobernadores, la de los partidos políticos y sus dirigentes, y la rebelión de quienes se les ha suprimido el caudal de privilegios que en el pasado les habían sido concedidos de manera permanente e ilegal”. Cierro la cita.

Por supuesto, se refiere a algunos empresarios que, a diferencia de antes, ya no tienen “derecho de picaporte” en la oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador para la eliminación del pago de impuestos vía exenciones fiscales y que incluía a profesionistas famosos con actividad empresarial, lo mismo que a periodistas del “círculo rojo” que estaban en la nómina, y qué decir de muchos otros que perdieron sus privilegios al desaparecer las oficinas de Comunicación Social del gobierno federal, “líderes de las cúpulas partidistas” que, acostumbrados a vivir en “el confort” que permite el manejo discrecional de las prerrogativas electorales, al no querer sacrificar sus enormes presupuestos para seguir pagando a sus incondicionales burócratas y cuates que nada aportan al desarrollo nacional. Empresarios que, agrupados en consejos y confederaciones, sólo buscan, con arrogancia y soberbia, la permanencia de sus fueros e ingresos económicos, sin aportar, ni siquiera “de dientes para afuera”, deseos de que al país le vaya bien, olvidando que “en la manera del pedir está el dar”. Para fortuna de la sociedad mexicana, no todos son así.

Ahí está la gran multiplicidad de empresarios que se solidarizan y donan recursos para combatir el coronavirus. Como instituciones hospitalarias y bancarias, con la postergación de pagos de sus clientes, empresas que han instalado hospitales provisionales y adquirido equipos médicos de soporte, como ventiladores o respiradores, ecosonogramas, videolaringoscopios; otros que regalan miles de botellas de agua y gel antibacterial o cadenas hoteleras y restauranteras que obsequian alojamiento y comida a los “Héroes del Sistema de Salud”, que lo son todos (médicos, enfermeras y trabajadores), y otras empresas más que otorgan recursos para alimentar niños. Servidores públicos que, voluntariamente, están donando parte de su salario y de su aguinaldo hasta fin de año, etcétera.

En este espejo se deberían reflejar quienes pretenden “jalar agua a su molino” y, si no, ahí esta Puebla y su reformada Ley de Educación, homologada a la federal para armonizarlas; “asustados”, los propietarios de los colegios y universidades poblanos por la redacción del artículo 105, que refiere que “los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por particulares forman parte del Sistema Educativo Nacional”, bastó esto para que la Coparmex alzara la voz y afirme que esta ley es preámbulo para expropiar todas las universidades y escuelas particulares de Puebla y del país en un futuro.

Vaya desconocimiento de la Constitución y de las leyes que de ella emanan. Pues, para expropiar, se tiene que justificar el concepto de “utilidad pública” y esto es, que la medida beneficie a la nación y o parte de ella; como sucedió con el petróleo en tiempos del general Lázaro Cárdenas. Menos arrogancia y más colaboración, ¿o no, estimado lector?