Corrupción

La impunidad que vivimos en el aparato de justicia no tiene precedente, la falta de castigo a los que delinquen es de proporciones mayúsculas; 98 de cada 100 delitos cometidos no reciben sanción alguna por parte de los administradores e impartidores de justicia en el país.

En el índice global de medición, nuestro país descendió, vergonzosamente, del lugar 128 al 133. Muchas formas de expresarse tiene la corrupción, el catálogo es amplio: el uso ilegítimo de información privilegiada, sobornos, tráfico de influencias, extorsiones, fraudes, malversación de fondos, prevaricación, nepotismo, caciquismo, cooptación, etcétera, que son antesala de otros delitos como el narcotráfico, robos, levantones, secuestros, lavado de dinero, trata de personas, prostitución, tráfico de armas, drogas y personas, delitos financieros y cibernéticos, feminicidios, ejecuciones extrajudiciales y todos los demás que usted, estimado lector, quiera agregar.

El abuso del poder público lo hemos observado en infinidad de gobernadores de todos los partidos políticos y de muchos líderes sindicales que, sin escrúpulo alguno, han usado el poder para beneficio personal y el de sus familias. Los políticos, con frecuencia, invocan en sus discursos el combate a la corrupción como estrategia electoral.

Andrés Manuel López Obrador enarboló como una de las principales acciones de su gobierno erradicarla: “La corrupción se barre de arriba hacia abajo”;  y la gente; ávida de creer en algo o en alguien, le compró su promesa, pues está cansada de tener que convivir en un ambiente hostil y sin esperanzas de cambio.

Afortunadamente, vivimos en democracia, una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad.

Sin embargo, para que el pueblo ejerza verdaderamente esta facultad consagrada en la constitución, se hace necesario que los ciudadanos seamos parte de las decisiones públicas y de ejercerla por conducto de una democracia directa, participativa, representativa y deliberativa.

La directa, para tomar decisiones y lograr acuerdos; la participativa, para concurrir con el gobierno en la elaboración y evaluación de políticas públicas; la representativa, para formar los órganos de gobierno y elegir a nuestros representantes, y la deliberativa, para hacerse escuchar en la toma de decisiones de “todo lo público”.

Soy un convencido de que sólo con la participación ciudadana lograremos abatir la impunidad que permite la corrupción.

Para analizar este tema, fui convocado por los dirigentes de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam) a un Foro Anticorrupción, en la Cámara de Diputados.

Ahí, sus líderes, Juan Francisco Alcaraz, Alba Flores Domínguez y Josué Madrid, convocaron a especialistas académicos para reflexionar e ilustrar a los congresistas acerca de la necesidad de impulsar leyes que frenen este flagelo que agobia a la sociedad, y a la Comisión Anticorrupción, que preside el diputado Oscar González Yáñez, y así pronto tengamos un fiscal Anticorrupción, pues a la anterior legislatura senatorial se les pudrió este asunto, “al convertirse en moneda de cambio”.

El comité ciudadano de acompañamiento del que fui parte evaluó a los candidatos, y por increíble que parezca, “nuestro trabajo se fue al bote de la basura”.

De esta manera, en el seno Congresional tendrán que debatir y legislar sobre el referéndum, los plebiscitos y las consultas ciudadanas como mecanismos de participación social que alienten, estimulen y den confianza a una sociedad harta y fastidiada hasta la conciencia de la corrupción; así, la revocación del mandato emergerá como una figura jurídica y social que habrá de premiar a los buenos gobernantes y castigará a los que abusen del poder sin necesidad de esperar los periodos electorales para ser reprobados…

¿O no, estimado lector?