Justicia y poder

Considero muy acertada la designación de la ministra Margarita Ríos-Farjat y me parecen oportunas y atingentes sus declaraciones sobre la independencia del Poder Judicial. Resultaban necesarias porque lo único que le han espetado es que proviene directamente de un empleo dependiente del Ejecutivo federal, aunque ello no es un suceso insólito. Lo insólito ha sido el extrañamiento.

La independencia judicial no es un tema de nuestro tiempo, sino de todos los tiempos, pero lo sigue siendo porque no ha sido un asunto colmado. La designación judicial del máximo tribunal casi siempre dimana de los otros poderes.

En los sistemas presidencialistas, como México, por coparticipación entre el Ejecutivo, quien propone, y el Legislativo, quien aprueba. En los sistemas parlamentarios, por voluntad exclusiva del Poder Legislativo. Pero, en ambos casos, “de todos modos Juan te llamas” y México no es original ni excepcional.

En algunos sistemas híbridos, la designación proviene de la abogacía organizada. Pero, ¡victoria pírrica!, la dependencia y la deuda no se inserta con el poder político, sino con el poder gremial, pero no se libera.

Sin embargo, dos factores han atenuado esa dependencia. Uno es el tiempo y otro es la pluralidad. Los ministros ejercen durante 15 años, es decir, dos sexenios y medio. Algo le podrían deber al Ejecutivo que los impulsó, pero nada a los subsecuentes. Además, en las épocas de cogobierno plural, cada ministro es impulsado por fuerzas distintas y no siempre por el Ejecutivo.

Como quiera, la designación de un ministro es todo un evento político. La literatura y la cinematografía estadunidenses tienen muchos ejemplos de las batallas presidenciales por la designación de ministros. No obstante, han logrado una Suprema Corte con muy razonables rangos de independencia. Baste recordar que su primera resolución, la Marbury versus Madison, de 1803, cimentó su poder supremo.

En cualquier caso, debemos aceptar como bueno que los integrantes de los máximos tribunales tengan, por lo menos, una barnizada política. No es bueno que los cargos públicos estén desempeñados por genios de la técnica, impregnados de frialdad científica y desapegados de criterios políticos y sociales. Así me lo dijeron, desde mi juventud, varios de mis maestros más ilustres.

El ministro debe ser objetivo y equilibrado, como lo dijo Ríos-Farjat. Dar la razón al gobernante, cuando la tiene, o al gobernado, cuando le asiste. Ninguno es poseedor absoluto de la razón jurídica. Todos aciertan y todos marran. Por ejemplo, nuestras leyes tienen un 90% de acierto y un 10% de pifia, que es la notoria. Pero los ciudadanos también tenemos un porcentaje similar de tino y de desatino. Así que el ministro no debe ser obsecuente, pero, tampoco, ser intransigente.

El encontronazo entre el poder y la justicia ha sido una constante en la historia de la humanidad. En coautoría con mi amigo ausente, Luis Maldonado, y con un estudio preliminar del entonces ministro presidente Luis María Aguilar, hicimos una amplia edición sobre el tema, en el 2016.

Su título es Themis vs. Cratos y se subtitula como La justicia contra el poder en la historia de la humanidad. Se trata de la narrativa histórica y el análisis jurídico de diez casos muy relevantes a lo largo de los tiempos. Sócrates, Galileo, Giordano Bruno, Juana de Arco, Ana Bolena, Sor Juana Inés de la Cruz, María Antonieta, Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez y Nelson Mandela son los personajes de nuestro estudio.

Un tribunal supremo debe ser sensato. Si es muy antigobierno, resulta muy peligroso para la gobernabilidad. Si es muy progobierno, resulta muy peligroso para la libertad. Si es pro nada y contra todo, resulta muy peligroso para la seguridad.

Confío en que la nueva ministra será como otros de sus colegas. Conocedora, para que no la engañen. Leal, para que no la seduzcan. Honesta, para que no la compren. Valiente, para que no la asusten. Respetada, para que no la ataquen. Inteligente, para que no la confundan. Y justa, para que no la mangoneen.