Los costos de la Guardia Nacional

La decisión presidencial de sacar la Guardia Nacional a cualquier costo y la prisión oficiosa sin ninguna modificación ha supuesto un revulsivo en el Congreso para alinear fuerzas en favor del plan de militarización de la seguridad pública, pero, también, la multiplicación de frentes abiertos para el gobierno.

El Ejecutivo ha puesto todo su peso en esta determinación que marcará el sexenio de López Obrador, cuya resolución ahora tiene como única limitante el sentido del voto de los 14 diputados del PRI en el Senado.

Si algo queda claro de la voluntad del Presidente en estas iniciativas es que, en sus palabras, considera “decisivo” al Ejército para “serenar” al país. O, dicho de forma llana, necesita a las Fuerzas Armadas para gobernar ante el temor de que la emergencia por la violencia desborde al poder civil; de por sí debilitado, paradójicamente, por la última década del Ejército como último reducto en las calles contra el crimen y la “guerra contra el narco”. Su línea profundiza el camino de los gobiernos anteriores e, incluso, pretende ampliar su participación en negocios más allá de la seguridad, como en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. La decisión es clara, no importa el precio a pagar.

El paso de la Guardia Nacional y de la prisión preventiva pasó por dividir el “bloque” opositor en la Cámara de Diputados. El desfonde del PRD con la salida de nueve diputados para abrir pasó a la aplanadora de Morena desarticuló la estrategia de los coordinadores parlamentarios opositores para frenar cambios constitucionales. Sus bancadas votaron divididas la prisión preventiva, en lo que hoy puede ser un anticipo de la votación en el Senado.

Aunque la amalgama ahí es distinta por los intereses políticos de las principales bancadas de la oposición. Tanto el PAN como el PRI están obligados a definir el tipo de oposición bajo el gobierno de López Obrador y por ello parecen dispuestos a resistir la presión de sus gobernadores si no se hacen cambios al dictamen, principalmente el reclamo del mando civil. El PAN ha adelantado que votará en bloque para abjurar sus divisiones internas, mientras que los priistas responden a la lógica del futuro de su partido más que a las exigencias de sus estados. Los gobernadores priistas no tienen senadores y sus 14 legisladores no se sienten obligados a alinearse, por ejemplo, con el grupo que se reunió con Gobernación, los últimos días, para apoyar la Guardia. Les preocupa su participación en la conformación del próximo comité nacional y la integración de la dirigencia, y en el caso de su coordinador, Miguel Osorio Chong, defender el modelo de seguridad que encabezó con Peña Nieto.

El revulsivo ha sido exitoso para Morena, por ejemplo en la Cámara de Diputados, pero a la vez muy costoso porque la intervención del Presidente para defender el proyecto derivó en abrir nuevos frentes hacia su gobierno. La descalificación de las críticas de la sociedad civil y académicos en las audiencias en el Senado se suman a los ataques a instituciones autónomas hasta traducirse en el temor de Coparmex sobre la concentración de poder y el regreso de la presidencia “imperial”. La ruptura del gobierno con estos actores, advierten, puede llevar a su aislamiento y conducir al fracaso.

Pero también hay costos al interior de su coalición. Si el incumplimiento de su promesa de regresar el Ejército a los cuarteles y ahora su empoderamiento causa escozor entre sectores de izquierda, el desconocimiento de la trayectoria de organizaciones civiles que lo han acompañado provoca desencanto entre muchos de ellos. Y más aún, franca molestia por el apoyo de diputados experredistas como Héctor Serrano o Mauricio Toledo, señalados por corrupción y violencia contra morenistas en Coyoacán. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirma un categórico desacuerdo con su ingreso a Morena y otros liderazgos aseguran que eso no pasará, aunque la mayoría calificada en el Congreso no se logre o se eleven sus costos. ¿vale cualquier precio la Guardia?