Inseguridad: culpables y responsables

La malísima situación de la seguridad evidentemente es heredada de anteriores gobiernos, pero hoy es responsabilidad de los actuales. No como una obligación o una deuda subsidiaria que entra en juego por defecto, sino como examen y juicio de las presentes administraciones. De poco vale endilgar culpas en materia de inseguridad si, como hoy ocurre en CDMX y otras ciudades del país, el apoyo al gobierno descansa en primerísimos lugares en la capacidad de respuesta y resultados en el combate a la violencia y al delito.

El país ha visto una carrera desenfrenada de inseguridad con el cambio de gobierno federal y en varios estados. En sus primeros cuatro meses el crimen alcanza niveles históricos desde que hay registros de 1997. Las entidades en las que los índices se han disparado son gobernadas por distintos partidos, pero rápidamente toman delantera entidades con alternancia en favor de Morena. Sin importar color partidista, todos reflejan la precariedad de la gobernabilidad y la valoración sobre el éxito o fracaso de esos gobiernos.

En Chihuahua la coalición PAN-PRD no ha logrado tomar las riendas de la seguridad; los priistas en Colima tampoco han revertido la descomposición que desde hace dos años provoca la entrada de precursores por Manzanillo y la red de negocios del CJNG; 3 de las entidades ganadas por Morena en 2018 (Morelos, Veracruz y la CDMX) se encumbran en las posiciones de mayor  crecimiento de la violencia, con especial resonancia en la capital por crímenes de alto impacto como el asesinato de dos jóvenes, Norberto Ronquillo y Leonardo Avendaño, en la vitrina nacional. Aunque las víctimas se cuentan por cientos, sólo esta semana entre bolsas con restos humanos en Jalisco, cuerpos descuartizados en Oaxaca o el homicidio de la periodista Norma Sarabia en Tabasco. Si sigue esta tendencia, como advierte Alejandro Hope, junio podría ser el más violento en lo que va de este gobierno con más de 3,000 homicidios.

En efecto, junio podría superar en homicidios al mes anterior con más de 85 víctimas por día, un 10% que el promedio de mayo. Mientras que el secuestro también va al alza a pesar de que fue el único que Peña Nieto entregó a la baja. En CDMX el aumento fue casi 80% en el primer cuatrimestre, aunque la Procuraduría capitalina, en sentido opuesto, asegura que se mantiene estable.

El disparo de los índices, más allá del subregistro por la falta de denuncia, es preocupante por dos razones. Primero, porque apuntan a la persistencia de una inercia de descomposición que se profundiza sin verse el fondo. El repunte de la violencia indica que el punto de inflexión aún está lejos del horizonte de la capacidad del gobierno, lo que hace ver aventurado el compromiso de AMLO de pacificar al país en 6 meses a partir de la GN, los programas sociales y el combate a la corrupción. Y en segundo lugar, por la falta de explicaciones del comportamiento delictivo, lo que refleja la ausencia de una estrategia clara contra el crimen. Y derivado de lo anterior, la pobreza de respuestas oficiales y evasión de la problemática con la negación de una crisis de seguridad en CDMX o atribuir la ola criminal a casos aislados, como dice Claudia Sheinbaum.

Peor aún la intervención de AMLO para arropar a Sheinbaum y descalificar las críticas por la seguridad como móviles políticos de “grandulos” que la maltratan. Lo que no ha impedido de relevar al jefe de la policía de investigaciones y nombrar a Omar Hamid García, sucesor de Tomás Zerón en la Agencia de Investigación Criminal en la PGR en 2016 tras el caso Ayotzinapa, como si sólo esos experimentados como controvertidos pudieran salvar la situación.

La respuesta a la violencia galopante en otros estados no es distinta y las explicaciones prácticamente se reducen a esperar que la Guardia Nacional vaya a sus estados y lo resuelva, como si fuera un capítulo de Avengers Infinity War.