Contrarreforma eléctrica: AMLO vs. molinos de viento

Con las aspas de los molinos de los renovables choca otra vez la voluntad presidencial. La Corte la detuvo esta semana, en definitiva, por obstaculizar la competencia económica, pero el Presidente insiste en impulsar cambios en la normatividad del sistema eléctrico desde que comenzó la pandemia, con los mismos argumentos sobre el interés público y la recuperación de los recursos de la nación que el Tribunal juzga “infundados”. Pero no ceja y obliga al Congreso a dictaminarla en este periodo, antes de que cambie su composición en la próxima elección. El uso del recurso preferente se ha leído como jugarse el resto para tratar de hacer irreversibles sus reformas y no dejarlas al capricho de las urnas.

Pero al no tratarse de una reforma constitucional, es menos probable que la iniciativa que devolvería el monopolio del sistema eléctrico a la CFE se deba sólo a una decisión precautoria o de franco temor por un revés electoral que más tarde la dificultara. Todavía podría empujarla tras los comicios, antes de la entrada de la nueva legislatura hasta septiembre, con la mayoría de Morena, que se reforzó con el “salto” de 4 nuevos diputados de MC y el PES para sumar, hoy, 256 legisladores. No obstante, emplear la prerrogativa especial para que se legisle sobre un tema con visos de inconstitucionalidad y que puede violar los estándares del T-MEC refleja la convicción íntima que tiene el Presidente de deber garantizar la marcha de su proyecto sobre cualquier obstáculo como su principal garante. Sin vacilaciones, la reforma salió de su oficina con el sello de la 4T hasta el Congreso, sin pasar aduanas ni detenerse en la consulta de nadie.

La Corte frenó, en octubre pasado, la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, del 15 de mayo de 2020, o mejor conocida como Política Nahle, derivado de la impugnación de la Cofece por violentar la competencia en la Constitución, consagrada desde la reforma de 2013. También desechó el reclamó de la Presidencia sobre la suspensión de pruebas de centrales privadas de energía renovable que promovía su política ante la caída de la demanda eléctrica durante la pandemia, ya que la Sener argumentaba que la intermitencia de la generación solar y eólica arriesgan la confiabilidad del sistema eléctrico.

A pesar de la negativa, ése es el mismo argumento que vuelve a usar la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para defender la iniciativa presidencial, ahora adosado al riesgo de la continuidad del suministro eléctrico para los hospitales covid. Pero la persistencia de la carga contra las energías “limpias” aliena a este sector de la economía y a los grupos sociales que los defiendan como “neoporfiristas”, el calificativo de la exposición de motivos contra los detractores de la ley. Esas empresas pensarán que el gobierno está en contra de ellas y seguramente acudirán al arbitraje de mecanismos de resolución del T-MEC, como ha admitido Roberto Velasco, de la cancillería. Pero el proceso legislativo sigue, lloverán amparos y diferendos con los socios comerciales, sin que ello lo disuada.

Por eso creo que el profuso combate a los renovables está más allá de la coyuntura electoral, pero puede servir a ella. En este caso, no por sus méritos o los beneficios sociales, sino como efecto de demostración del poder presidencial para remover obstáculos en su camino —como la Corte— o la oposición de los privados que, a través del CCE, califican la iniciativa como una “expropiación indirecta”. El mensaje de la iniciativa es que al tren de las reformas de la 4T nada lo detiene, ésa es la narrativa que quiere dictar el Presidente a un futuro que, en esta materia, lo contradice.