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4T al abordaje en Guanajuato

José Buendía Hegewisch

José Buendía Hegewisch

Número cero

La desestabilización de Guanajuato se encuadra en un fuerte pulso entre dos proyectos de gobierno más allá de la grave crisis de la violencia. La derrota de la “partidocracia” en 2018 rompió las estrategias de las cúpulas partidistas y convenció a sus liderazgos de replegarse en sus “feudos” locales para rehacerse y pelear, desde ahí, el poder nacional ante la aplastante victoria de López Obrador. Las elecciones de 2021 son la primera escala en una ruta que camina con descalabros por falta de pericia de la autoridad estatal y el mando fuerte del Presidente sobre las entidades. El saldo hoy no les favorece.

Las ideas sobre un “bloqueo opositor” que agitan desde Palacio Nacional los estrategas electorales de la 4T son mucho menos preocupantes que las posibilidades de éxito de otros modelos de gobierno del PAN en el Bajío, Enrique Alfaro en Jalisco o Javier Corral en Chihuahua. La polarización ha servido a López Obrador para diferenciarse y, sobre todo, plantear los comicios como una especie de refrendo de la 4T. Pero los resultados de los gobiernos opositores son otra cosa, especialmente porque el covid-19 y la crisis económica borrarán los beneficios que apuntalen su proyecto de transformación nacional. Ante la “nueva normalidad” de la pandemia, el Presidente quiere arrebatar al PAN la “joya de la corona” de los conservadores en Guanajuato, como clara demostración de poder de la 4T.

Desde que inició el sexenio con el combate al huachicol, la inseguridad en el estado se disparó por la reacción del principal cártel local de Santa Rosa de Lima, ligado al robo de combustible. La masacre de 24 personas en un centro

de rehabilitación en Irapuato y la liberación de la madre de El Marro, su líder, echó por tierra las declaraciones de la comisionada de seguridad estatal, Sophia Huett, quien en marzo aseguraba que el cártel estaba “más del 80% desarticulado”. Ésto sirvió para que el Presidente pusiera todos los reflectores en la “muy grave” situación ahí y llamara al gobernador Diego Sinhue a investigar la corrupción en el aparato de justicia y seguridad. Su tono estuvo muy lejos de la mesura de sus palabras ante el atentado inédito contra el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, a pesar de que la Corte lo repudiara como crimen de Estado. En Guanajuato se cometen más del 10% del total en el país, sentenció, en una reacción de nado sincronizado con el fiscal general Alejandro Gertz, exigiendo una investigación del fiscal estatal, Zamarripa, por la mala operación contra la familia de El Marro.

El modelo de seguridad en Guanajuato hace agua y depende del apoyo federal para salir a flote. López Obrador ha logrado reducir el frente de gobernadores que en la crisis sanitaria se alzó contra la federación para reclamar la revisión del Pacto Federal e incluso amenazó con escindirse. El eje opositor de occidente tomó sus propias estrategias ante la pandemia y reclamó abandono del centro, pero su rebelión no alcanza para el tema de seguridad. Ahí se juegan el futuro en las urnas ante el doble adversario del fracaso de sus políticas y el creciente poder del narco en sus comunidades.

Las amenazas de los carteles no tienen solución local, como reconoció otro gobernador rebelde, Enrique Alfaro, quien no duda en señalar como “desafío al Estado mexicano” presuntas amenazas de muerte en su contra. La Federación le reitera el apoyo, pero exige que sigan su modelo de seguridad y trabajo coordinado. Todos saben que el poder del narco convirtió las elecciones en un problema de seguridad nacional, el cual deja poco espacio para apostar a estrategias diferenciadas para capitalizar resultados en las urnas.

Tras la derrota en 2018, los “barones” del PAN en el Bajío desistieron de luchar por la dirigencia y apostaron por “revitalizar la democracia” desde lo local. Creyeron que sólo podrían enfrentar a López Obrador con un modelo distinto de gobierno que en los hechos rebatiera “el populismo y la demagogia”. Pero antes de retomar su trayectoria deberán limpiar las instituciones de seguridad y Justicia, cuyo evidente estado le cae como “anillo al dedo” a Morena para disputar al PAN su principal baluarte.

 

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