Peligro electoral, TEPJF vs. INE

El Tribunal Electoral y el INE libran desde hace tiempo una batalla sorda por diferencias de criterios en decisiones “clave” para la equidad y certeza de las elecciones más complejas de la historia moderna. Mal mensaje para la ciudadanía. Ahora su diferendo cobra especial visibilidad con el choque por los procedimientos para conocer el resultado poco después del cierre de las urnas, como sucede en cualquier democracia. El asunto es grave porque nadie quisiera irse a dormir el día de los comicios sin información sobre el vencedor que los enturbiara o autoproclamación de triunfadores que ya nos han precipitado a crisis políticas como en 2006.

El encontronazo llega a la arena pública en un punto muy delicado para la estabilidad política del país: la difusión del resultado, especialmente grave si la competencia es cerrada. En medio de la compleja arquitectura legal-electoral, sus autoridades parecen ceder al peligroso autoboicot, incluso a sabiendas de los estragos en la credibilidad por la lentitud o mal funcionamiento de conteos rápidos; sin atender la exigencia de transparencia que da lugar a la suspicacia o la percepción de instituciones secuestradas por partidos, al descontento con la democracia.

El INE cuestiona la colaboración del TEPJF para avalar reglas nuevas que agilicen el cómputo de votos, dado que su retraso, en efecto, resta certeza y el vacío de información abona a la tentación de perdedores de judicializar el proceso. Ya lo vimos en la impugnación de las presidenciales de 2006 o en las estatales de Coahuila 2017. Los magistrados, en votación dividida, revocaron un acuerdo del INE para tener el conteo rápido un par de horas después de los comicios en vez de esperar a la madrugada o al día siguiente como implica ceñirse a las reglas actuales. Seguramente también temerosos a la impugnación de los partidos, la rigidez del tribunal abre un peligroso flanco a la confianza en el proceso a pesar de que la problemática deriva de un “olvido” del Congreso que en la reforma de 2014 no ajustó la ley al aprobar la casilla única para los más de tres mil 400 cargos en liza el 1 de julio por primera vez en comicios concurrentes. Pero es la ley, dicen los magistrados.

Lo que debiera ser un asunto procedimental casi administrativo —como la forma de llenar el acta de casillas—, deja en una frágil situación el complejo, caro y sobrerregulado edificio electoral. Sin embargo, de nueva cuenta las diferencias de criterios entre la máxima autoridad judicial —y de cuasi control constitucional— y el INE derivan en fuertes desencuentros sobre la certeza o equidad en funciones básicas como ya ha ocurrido con temas de fiscalización. Recientemente revocó otro acuerdo del INE para normar la entrega de programas sociales en las elecciones, contrario al consenso sobre el peligro de desviación de recursos públicos a las campañas como el mayor riesgo para la equidad.

En temas medulares como el uso indebido de dinero público en las elecciones o ahora en el acceso a la información oportuna de los resultados, el tribunal revoca decisiones del INE por considerar que carece de competencias para “legislar” a través de sus acuerdos y reglamentos. Lo hace sin compartir la responsabilidad del funcionamiento de las reglas, la construcción de consensos y sin hacerse cargo de problemas que afectan derechos políticos como la difusión oportuna de resultados.

Es por ello que en esta última confrontación el reclamo mayor del INE es que el tribunal se cierre a explorar alternativas de solución al problema de los conteos rápidos, como utilizar documentos de trabajo provisionales antes de las actas para descargar el cómputo y agilizar los resultados sin trastocar la ley. Argumentar el apego a la ley sin responsabilizarse de problemas del funcionamiento electoral es, paradójicamente, el camino para poner en peligro principios de legalidad del proceso.