Damnificados por corrupción, CDMX

La nueva sacudida de tierra encontró a la CDMX con el gobierno camino a las elecciones, igual que en otros poderes federales. Práctica generalizada que los gobiernos se ausenten debido a las urnas. Pero las autoridades locales se preparan para saltar al proceso electoral sin que víctimas y damnificados por los sismos de 2017 tengan claridad sobre el destino de los recursos por más de ocho mil millones para la reconstrucción, un fondo cuyo uso discrecional es más que atractivo para aplicarse en programas electorales.

Mientras el reclamo contra la corrupción ocupa el centro de la agenda electoral 2018, los poderes de la capital se cobijan en la gestión opaca e irregular de esos recursos millonarios y marginan mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que su nueva Constitución ofreciera como garantía de buen gobierno.

La lucha anticorrupción es un ¡imperativo! en el discurso de campaña, pero los mecanismos para decidir la aplicación de recursos y evitar su uso electoral están de más. Son “superfluos” como autocalifica el dimitido presidente de la Comisión de Reconstrucción CDMX, pero que igual aplica al compromiso de integrar órganos autónomos de transparencia o fiscales para perseguir la corrupción.

Tras los sismos de 2017, el gobierno de la CDMX presentó la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la capital para guiar las labores de reconstrucción por el desastre que dejó más de 40 edificios dañados en la capital y más de 150 mil casas afectadas en la urbe y otros estados. Resultó una puesta en escena para las Cámaras y respuesta a las demandas de empresarios y organizaciones civiles de manejar con transparencia los dineros para los damnificados. Un acto  publicitario sin atribuciones legales para contener y mucho menos imponer sus criterios a la ALDF, que desde diciembre decidió las reglas de operación del fondo sin atender a la comisión, y sin mecanismos de rendición de cuentas ni contrapesos para vigilar la aplicación de recursos.

La Comisión hizo implosión esta semana que la ALDF pidió a la Secretaría de Finanzas aplicar “inmediatamente” los recursos para la reconstrucción sin tener idea de los criterios como se destinarán éstos. Desde su comisionado, Ricardo Becerra, hasta otros miembros renunciaron por ser innecesarios, respecto al esquema aprobado en la ALDF, que deja en tres diputados el manejo y autorización discrecional del fondo. La creación de esta clase de comisiones, sin mayor sustento legal ni administrativo, es respuesta a urgencias del momento, pero la simulación es grave cuando cruza heridas frescas como miles de damnificados aún sin vivienda. Pero aun cuando el mundo de la política local se apresta al abordaje electoral sin resolver otra problemática que restará puntos al PRD para retener la CDMX frente a Morena.

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, figura en la lista al Senado del PAN, que en la campaña reclama el fin de los pactos de impunidad, mientras guarda silencio sobre la opacidad del presupuesto para la reconstrucción, cuyo decreto fue impugnado a través de controversia constitucional ante la SCJN por Morena. Pero su partida no es caso raro, pronto saltarán también diputados del PRD y PAN para buscar otro cargo con la tranquilidad de tener el control del presupuesto para la reconstrucción, y pese a dejar tirada la integración del Consejo de Transparencia local, los órganos y fiscales anticorrupción.

Tampoco es exclusivo de la ciudad; el gobierno y el Congreso federal también se van a las elecciones sin nombrar piezas faltantes del sistema nacional anticorrupción, aunque  corresponda a uno de los temas que más indignan en la campaña. Es tan común esta práctica de condenar la corrupción y luego barrer la basura bajo la alfombra, que en todo nivel revive el pánico, no sólo a los temblores, sino también a dilapidar recursos para los damnificados de las elecciones.