Divina corrupción: de Chihuahua a la CDMX

La CDMX tiene un año con su Constitución, pero no hay mayor transparencia ni la rendición de cuentas que ofrecieran sus autoridades. La primera carta constituyente de la capital se presentó como de vanguardia por reconocer el derecho al buena gobierno y administración pública trasparente, pero las prácticas en el manejo de recursos o, por ejemplo, de fondos para damnificados de los sismos, no son diferentes a las denunciadas por parte de Chihuahua sobre el uso político del presupuesto o desviación de recursos del Ramo 23 a campañas del PRI. Y también, como en muchos otros estados, los órganos autónomos de transparencia y anticorrupción parecen sufrir el síndrome de Estocolmo, por el que la víctima de un secuestro desarrolla una relación de complicidad con su captor.

La mayor aportación del conflicto político-administrativo del gobierno de Chihuahua y la Federación es desnudar el modo de operar del Ramo 23 como “caja negra” al servicio del control político y la necesidad de revisión del federalismo. Puso en primer plano la urgente reforma de esa partida que, en secreto, se integra en el Congreso y la SHCP entrega a los estados con discrecionalidad, sin reglas claras de operación. Es una contribución al combate a la corrupción porque el esquema se reproduce en otros niveles de gobierno, que también usan el dinero público para premiar o castigar políticamente, independientemente del partido. Si el litigio de Chihuahua es por 900 millones que reclama a la Federación, en la capital hay ocho mil 772 millones destinados a la reconstrucción que manejarán tres diputados de la ALDF, todos hoy aliados en la misma coalición que Corral, el Frente por México. El partido no importa, lo que uno denuncia de la Federación, los otros tres repiten de sus vicios. ¿Es eso buena práctica para la supervisión de dinero público? ¿Qué opina el órgano de transparencia local? ¿Quién y cómo aseguran la rendición de cuentas de esos recursos?

En medio del silencio de instituciones de transparencia o inacción de sistemas anticorrupción, la SCJN podría ser otra vez el último recurso de la legalidad por conflictos del Ramo 23 que Chihuahua acusa de haberse usado para desviar recursos al PRI en 2016, en la administración del gobernador prófugo, César Duarte; o de la constitucionalidad del decreto de egresos de presupuestos que aprobó la ALDF el 31 de diciembre con fondos para la reconstrucción, cuyo temor es que también sean utilizados con fines electorales en estas elecciones en que el PRD se juega perder la ciudad tras dos décadas. La SCJN admitió esta semana la acción de inconstitucionalidad contra el decreto de la ALDF que deja en manos de los perredistas Leonel Luna y Mauricio Toledo, junto con el panista Jorge Romero, aliados en el Frente por México, la autorización y supervisión de esos recursos para los damnificados.

Si la única manera de combatir la corrupción es con instituciones y fiscales autónomos e independientes, el problema es que en la capital los órganos de transparencia o anticorrupción siguen patrones similares de captura y subordinación que a nivel federal u otras entidades. Si el Ramo 23 es ejemplo paradigmático de opacidad en el Congreso y manejo discrecional de la SHCP, la parálisis en los órganos de transparencia y anticorrupción es otra comprobación del mal manejo de recursos públicos y desdén al derecho al buen gobierno.

Y, para muestra, otro botón. La ALDF se dispone a nombrar nuevos integrantes del InfoDF en un proceso opaco e incluso con problemas de certeza jurídica por abrir la convocatoria a aspirantes cuando ya estaba cerrada. El consejo local de transparencia es clave para el funcionamiento del sistema anticorrupción, cuya integración, junto con los fiscales, quedó pendiente del periodo anterior por las críticas de pretender nombramientos a modo de los partidos, igual que a nivel federal. Como se ve, la corrupción cabalga en la opacidad desde Chihuahua hasta la CDMX.