Prolongación: política pura y dura

Creo que lo que dice el comunicado, visto desde una perspectiva política y jurídica, es lo único que podía decir Zaldívar. Aclaremos: primero, los ministros, ninguno, se pueden pronunciar sobre un tema que no ha llegado a sus manos y que está todavía en otras instancias. Si lo hacen pueden quedar impedidos de opinar cuando el caso, éste en particular, llegue (que inevitablemente llegará) a la Suprema Corte. Por eso no ha opinado públicamente Zaldívar ni ninguno de los otros ministros.

Segundo. Desde mi punto de vista, la reforma sí es inconstitucional. Sí es un globo sonda para explorar una hipotética prolongación del mandato presidencial. No hay otra explicación. El argumento presidencial de que entre los otros diez ministros no hay ninguno que pueda implementar la reforma judicial carece de sentido común e incluso es una falta de respeto a los demás ministros. Zaldívar es un ministro presidente que respeto, al que en lo personal considero un muy buen presidente de la Corte y un hombre con larga visión estratégica, pero ni Arturo ni nadie es imprescindible.

No sé, no sabemos cuál es la opinión del propio Zaldívar sobre la prolongación de su mandato. Me gustaría saberlo, pero no veo, en términos políticos, por qué tendría que opinar públicamente antes de que el caso llegue a la Corte, con el agregado de que en la propia Corte tendrá que excusarse, me imagino, de votar sobre un tema que lo involucra personalmente. Se dirá que, entonces, con más razón podría pronunciarse ahora. Teóricamente así, pero aquí estamos hablando de política pura y dura, y si lo hace luego se dirá que en un sentido u otro orientó el voto del pleno de la Corte, asumiendo además que, pese a lo que sostienen algunos, ese pleno no es en absoluto homogéneo.

En este sentido, el comunicado de Zaldívar cumple también otro objetivo que se propuso desde el inicio de su mandato: no actuar como partido de oposición contra el Ejecutivo federal, sino como lo que debe ser la Corte, un factor de equilibrio entre poderes.

El transitorio de la prolongación llegará a la Corte para discutir su constitucionalidad. Allí los ministros tendrán que decidir sobre ella. Y ahí se dará el verdadero debate no sólo sobre ese tema en particular, sino también sobre el verdadero futuro del Poder Judicial.

Un Poder Judicial que con la reforma aprobada, a la que nadie le prestó atención, inmersos en el debate sobre la prolongación de mandato, tendrá un margen de operación y concentración de poder en sus instituciones centrales, en el pleno de ministros, sobre todo en el ministro presidente y el Consejo de la Judicatura, como no lo ha tenido nunca antes.

Lo cierto es que Huerta ya ha sumado varias denuncias de jovencitos en su contra por violación y abuso utilizando el mismo modo de operación: ofrecerles trabajo, drogarlos, llevarlos a un hotel y abusar de ellos. Que no se reelija no es castigo, mantenerlo con fuero es un premio: ese hombre debe estar ante los tribunales respondiendo a esas acusaciones, no votando “a distancia” como lo hizo esta semana Huerta, sin que sus compañeros de partido se escandalizaran de tener tal compañero de ruta. Ayer se estaba especulando con la posibilidad de que Morena separe a Huerta de su grupo parlamentario. No es suficiente, debe renunciar y ponerse a disposición de las autoridades para responder judicialmente ante esas denuncias.

Es falta de sensibilidad. Que las acusaciones contra Félix Salgado no escandalicen al partido y se mantenga su candidatura con todo el apoyo presidencial es otra demostración de ello.

Lo ocurrido el jueves en el Tribunal Electoral es de pena ajena. El presidente José Luis Vargas suspendió la sesión ante la perspectiva de un voto en contra de la candidatura de Salgado, fueron otros cinco magistrados los que lo exhibieron. El tema se pasó para el martes y hoy se le dará, sin que tenga algún sentido jurídico, derecho de audiencia a Salgado para defender su candidatura. La candidatura de Salgado es intransitable, lo deben entender Morena, el Presidente y el jefe del TEPJF.

Esta semana se tendrá que procesar en la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Como adelantamos cuando surgió la denuncia, no alcanzará con el desafuero de la Cámara de Diputados para que deje el poder, el caso tendría que ser ratificado por el congreso local, que no está por esa tarea. Es otro más de los temas que terminarán en la Suprema Corte.