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La justicia, de Duarte a Trump

Jorge Fernández Menéndez

Jorge Fernández Menéndez

Razones

Quizás es por el cambio de los tiempos políticos y la cuarta transformación, pero lo cierto es que a la liberación de Elba Esther Gordillo se ha unido, ahora, la reclasificación de los delitos del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, que le podrían permitir seguir en libertad su proceso penal.

Duarte estaba acusado de delincuencia organizada, un delito que no admite libertad bajo fianza, pero sus cargos fueron reclasificados ahora como asociación delictuosa y lavado de dinero, quedará a criterio del juez de la causa ver si sigue su proceso en libertad o no. Ayer se apresuró el gobernador Miguel Ángel Yunes a decir que su antecesor no quedará en libertad y que si eso ocurriera sería detenido para enfrentar cargos del fuero local, pero lo cierto es que, más allá de las vicisitudes políticas, como dijimos desde el momento en que fue detenido Duarte, una cosa es hacer acusaciones públicas, políticas, aunque sean evidentes y legítimas, otra cosa es lograr que esas acusaciones se transformen primero en causas penales y luego en sentencias.

Desprestigiado, condenado por la opinión pública y por el voto de los veracruzanos, lo cierto es que no será fácil lograr las condenas en contra de Duarte, como no se pudo lograr en el caso de Elba Esther Gordillo ni tampoco en el del exgobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías, cuyos procesos se han ido diluyendo uno tras otro (un gobernador panista al que por cierto el comité anticorrupción del PAN no castigó ni analizó su caso porque consideró que “no era miembro del partido”, algo que, para ser suaves, sólo puede ser calificado de inverosímil).

Por supuesto muchas cosas abonan al sospechosismo, diría Santiago Creel. El gran enemigo de Javier Duarte es Miguel Ángel Yunes, quien basó su campaña del 2016 en la denuncia del entonces gobernador. Dentro del PRI muchos también pedían su cabeza, comenzando por los Yunes priistas, Héctor y José.

Duarte no fue separado del cargo antes de las elecciones, pero tampoco le dejaron colocar candidato: fue Héctor Yunes, uno de sus enemigos del candidato del PRI veracruzano. Terminó siendo el peor escenario posible, tanto para Duarte como, paradójicamente, para el PRI.

Se dice que, atrapado en esa doble disyuntiva, Duarte y su gente impulsaron en esa campaña a los candidatos locales de Morena, incluso a Cuitláhuac García, con la intención de diluir las posibilidades de Miguel Ángel Yunes e, incluso, del priista Héctor. El hecho es que las candidaturas de Morena crecieron mucho más de lo que todos pensaban y el partido de López Obrador estuvo a punto de ganar las elecciones del 2016. Dos años más tarde, Cuitláhuac ganó en forma arrolladora. En las dos campañas locales, tanto Morena como López Obrador pusieron el acento mucho más en la confrontación con Miguel Ángel Yunes, enemigo histórico de Andrés Manuel, que en el caso Duarte. Ahora se abre, por primera vez, un breve espacio de oportunidad para que el exgobernador pueda salir en libertad.

Libre Elba Esther, a punto de estarlo Padrés Elías, con una opción de recuperar su libertad Javier Duarte, a ellos se suma Napoleón Gómez Urrutia.

Luego de dos sexenios consecutivos de estar prófugo y asilado en Canadá, el líder minero regresará en las próximas horas al país para registrarse como senador, rendir protesta y tener fuero durante los próximos seis años. Existen rumores de que la PGR pudiera intentar alguna acción, como detenerlo entre el momento en que llegue al país y antes de que rinda protesta, pero la verdad es que no se ven posibilidades reales de que eso ocurra.

Pero la justicia y la política, dicen, no se cruzan.

En Estados Unidos, las cosas parecen ser diferentes. El martes se entregó al FBI Michel Cohen, el exabogado personal de Donald Trump y quien se encargaba, precisamente, de los acuerdos sobre temas escabrosos que abundan en la vida del ahora mandatario. Cohen se declaró culpable de haber pagado a dos mujeres, una conejita de Playboy y a la actriz porno llamada Stormy Daniel, 150 mil dólares a una y 130 mil a la otra, para que no divulgaran en plena campaña electoral las aventuras sexuales que habían tenido con el candidato Trump. Cohen reconoció que pagó por órdenes de Trump, que se usó dinero de la campaña y que esos pagos tenían como objetivo que no se afectara la candidatura. Si es así, Trump habría cometido graves delitos federales que podrían llegar hasta su destitución.

Al mismo tiempo que Cohen se entregaba al FBI, el excoordinador de campaña de Trump, Paul Manafort, era condenado por ocho delitos federales que van desde el lavado de dinero hasta el fraude bancario y fiscal. Nunca ha estado tan vulnerable Donald Trump como en estas horas. El círculo de las acusaciones en su contra, que van desde los temas de acoso sexual, los pagos no declarados en campaña y la trama rusa (la colusión con el gobierno de Vladimir Putin para bloquear la candidatura de Hillary Clinton y ganar las elecciones de noviembre del 2016), se está cerrando con la activa participación, como testigos de las autoridades judiciales, de quienes fueron parte de su equipo más cercano.

Dos formas de ver la justicia y la política.

 

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