La gasolina que alimenta la corrupción

Tiene la razón el presidente López Obrador cuando dice que sin la complicidad del personal de Pemex no se podría realizar un robo de combustible a tan alta escala en buena parte del país. Pero esa complicidad involucra también a distribuidores y comercializadores (y en muchas ocasiones a consumidores) de gasolinas, con una indudable presencia del crimen organizado. Estamos hablando de un entramado complejo que se alimenta de un negocio, ni siquiera demasiado clandestino, que genera miles de millones de pesos al año.

Precisamente por eso, la estrategia de cerrar ductos y distribuir gasolinas por medio de pipas no tiene sentido alguno para acabar con el negocio del huachicoleo, sea en pequeña o gran escala. Se castiga al consumidor habitual y se seca de gasolina a buena parte del país, pero no se obtiene resultado alguno. El entramado de la gasolina robada se debe atacar simultáneamente en varios frentes, incluyendo la inteligencia financiera: comparando las compras con las ventas o consumo de gasolina de grandes empresas, comercializadoras y distribuidoras, investigando quiénes operan ductos, en dónde se realizan los robos y quiénes tienen esa información, se puede tener una radiografía muy amplia del fenómeno como para poder atacarlo simultáneamente en varios frentes.

Simplemente cerrar ductos para que no se robe de ellos no tiene sentido alguno. Se necesita inteligencia y operación, y hoy, en el ámbito de la seguridad, el gobierno federal no tiene funcionando plenamente a ninguna de esas instancias. Hoy, la Guardia Nacional opera y recluta, pero no existe legalmente, mientras que del nuevo organismo de inteligencia nadie sabe si ha reemplazado ya al viejo Cisen o no. La Secretaría de la Defensa Nacional sí tiene (y eso lo debe tener en sus manos el general secretario Luis Cresencio Sandoval) un detallado diagnóstico de la operación criminal del huachicoleo y desde 2017 insistió, no siempre con éxito, en que se atendiera en su plenitud.

Para comprender la magnitud del negocio, sólo en Puebla, uno de los estados más afectados, las utilidades del huachicoleo se estimaban, en esos informes de la Defensa, en unos mil 600 millones de pesos mensuales. En la pasada administración se habían localizado en todo el país poco más de 21 mil tomas clandestinas, las más importantes en el poliducto Minatitlán-México, que tiene 592 kilómetros de largo, de los cuales, 154 kilómetros cruzan por el estado de Puebla. Allí se daba la mayoría de las tomas clandestinas, en los municipios de Quecholac, Acatzingo, Tepeaca, Acajete, Tecamachalco y Palmar de Bravo. En esa zona, que se conoce ya popularmente como el triángulo rojo, se detectaron cuatro mil 441 tomas clandestinas. Localidades completas de la zona viven exclusivamente de esa actividad.

En esa área, las fuerzas de seguridad se han tenido que enfrentar a manifestaciones violentas, en las que los criminales utilizan, sobre todo, a mujeres y niños, mientras que hombres armados van agazapados detrás de ellos. Ha habido agentes y fiscales muertos, secuestrados, desaparecidos.

Hasta el año pasado, el triángulo rojo estaba dominado por un grupo denominado Nueva Sangre Zeta, un desprendimiento de Los Zetas, que surgió cuando se desmembró la cúpula de esa organización en 2015. Operan entre Puebla y Veracruz y son uno de los principales responsables de la violencia que afecta a ambos estados. El jefe de Nueva Sangre Zeta se llama Roberto de los Santos de Jesús y le apodan El Bukanas y complementa el robo de hidrocarburos con el secuestro, la extorsión y el robo al transporte de carga.

Tiene bajo su mando a distintos grupos menores, como uno llamado Los Tlacuaches, que opera en San Martín Texmelucan y Palmar de Bravo. Otra banda se hace llamar Los Gasparín y operan en Tepeaca, Amozoc y Esperanza. Lo sucedido en Puebla se ha ampliado en forma notable a otros estados del país, sobre todo a Guanajuato.

Desde el año pasado, cuando divulgamos esta información, decíamos aquí que éste es un caso paradigmático de un desafío a la seguridad interior que obliga a la intervención militar y policial en circunstancias especiales. Se requiere una estrategia conjunta y común para romper con ese negocio criminal, misma que no puede ser asumida en forma aislada por ninguna fuerza de seguridad y que no pasa por cerrar ductos. Se requiere inteligencia y operación.

Ayer el nuevo presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, comenzó, en una reunión privada,  a revisar el presupuesto del Poder Judicial, uno de los puntos más complejos de su nueva administración. Entre la medidas propuestas, está la de consolidar compras y definir de una vez las adquisiciones de todos los sistemas de cómputo y telecomunicaciones necesarios para los siguientes cuatro años. No quiere que se repita lo sucedido apenas el mes pasado, cuando el Consejo de la Judicatura Federal entregó un contrato de servicios de telecomunicaciones con valor mínimo de dos mil 400 millones de pesos en un concurso en el que, en lugar de fomentarla, la competencia enfrentó serias restricciones o de plano desapareció, en una licitación apresurada, con plazos muy cortos y con restricciones excesivas para los potenciales participantes. Y con un ganador anticipado.