La controversia energética continúa

Lo que es evidente es que el gobierno de Joe Biden no puede renunciar al panel de controversias sin llegar a acuerdo alguno, porque el mismo es reclamado por varias de las principales empresas de su país, por legisladores demócratas y republicanos y, sobre todo, porque iría en contra de su propia agenda energética.

Biden no es Trump y no va a vociferar ante las diferencias, algunas de ellas profundas, que mantiene con la administración de López Obrador, pero de allí a renunciar a una de sus principales políticas, la reconversión energética y a darle la espalda a sus empresas y legisladores, hay una distancia enorme.

Días atrás, la Casa Blanca presentó su estrategia de seguridad nacional, allí se dedica poco espacio a México, pero en el capítulo de hemisferio occidental, indirectamente se abordan temáticas relacionadas con nuestro país y el tema energético. Dice el documento que “abordar la crisis climática y aprovechar el dinamismo de la región será fundamental para nuestra economía y utilizaremos los esfuerzos de mitigación y adaptación para impulsar una economía sustentable. Recuperar y proteger los ecosistemas forestales, incluso mediante la promoción del comercio y la inversión en energía para lograr un objetivo colectivo del 70 por ciento de la capacidad instalada de energía renovable en el sector eléctrico de la región para 2030… para expandir el acceso al financiamiento de proyectos, atraer inversión privada en infraestructura de energía limpia y mejorar la capacidad local para evaluar, planificar, predecir, mitigar y responder a los fenómenos meteorológicos extremos y los riesgos relacionados en un clima cambiante”.

Por su puesto, se habla también de seguridad, de los desafíos de la delincuencia organizada, de la guerra comercial con China y Rusia, de la ciberseguridad regional y global. Pero el tema energético es visto como un capítulo central para la seguridad nacional de Estados Unidos. No habría razón alguna para renunciar a la controversia con México, su principal socio comercial y donde hay millonarias inversiones en el sector, dos países que tenemos un tratado comercial que tiene vigente ya más de un cuarto de siglo, a menos de un mes de las elecciones intermedias en la Unión Americana.

Un vocero de la oficina comercial de Estados Unidos aseguró que “en este momento, buscamos involucrarnos constructivamente con México a través de consultas y continuaremos trabajando hacia una resolución mutuamente aceptable que aborde nuestras preocupaciones en energía… en caso de que las consultas no aborden nuestras preocupaciones, Estados Unidos puede solicitar un panel para resolver el asunto”. Las consultas debieron concluir el mismo día en que renunció a la secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, pero aparentemente en la reunión en Washington los dos gobiernos decidieron prolongar las negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo. Pero de ahí a decir que ese país renunció al panel de controversias hay una distancia enorme.

Porque, además, ese compás de espera pudo haberse abierto por los cambios en los negociadores mexicanos. En el fondo quien lleva esa negociación es, hasta ahora, el canciller Marcelo Ebrard, muy distanciado por cierto de Tatiana Clouthier, pero el presidente López Obrador decidió hacer varios movimientos poco comprensibles en una dinámica de negociación.

Primero, designó en Economía a la exdirectora del SAT, Raquel Buenrostro, que no es particularmente una negociadora y menos en temas comerciales, en donde no ha trabajado nunca. Raquel decidió cambiar a todo el equipo de la secretaría, incluyendo a la principal especialista que tenía la administración López Obrador en este ámbito, y prácticamente la única que quedaba en el gobierno que había participado en la negociación del T-MEC, la subsecretaria Luz María de la Mora. En su lugar se designó a Alejandro Encinas Nájera, hijo del subsecretario de Gobernación, un joven talentoso, pero sin la más remota experiencia en ése y en muchos otros temas, menos aún como para encabezar una negociación tan especializada y delicada como la de la energía en el T-MEC.

Me imagino que la idea que se deben haber llevado los negociadores estadunidenses es que el gobierno mexicano no quiere llegar a ningún acuerdo. Y me temo que no están equivocados. Buenrostro y Encinas hijo cumplen, sin duda, con aquella máxima presidencial de “90 por ciento de lealtad y 10 por ciento de experiencia” en la trascendental área en la que trabajarán. Su designación es un mensaje ideológico, no comercial.

El costo del endurecimiento en la negociación energética y de la designación para encargarse de la misma de funcionarios sin relación con el tema, terminará siendo muy costosa para el país. Porque Estados Unidos podrá tener amigos, pero sobre todo tiene intereses. Y no van a abandonar el conflicto energético simplemente para darle gusto a la administración de López Obrador.