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Inseguridad y falta de sensibilidad

Jorge Fernández Menéndez

Jorge Fernández Menéndez

Razones

En el gobierno Federal, que hoy festinará en el aniversario de la Revolución su autoasignado lugar junto con la independencia, la reforma y la revolución, no están comprendiendo que las dos pinzas que están cerrando sus posibilidades hacia el futuro son la economía y la seguridad.

El presupuesto, que seguramente se aprobará en las próximas horas, está ahorcado financieramente y, como ya se ha adelantado, implicará mayores medidas de austeridad, mayores recortes y mayor pérdida de puestos de trabajo, de inicio en el sector público.

Se dará a conocer en los próximos días un amplio plan de infraestructura con inversión público-privada, entre otros mecanismos, que podría alcanzar hasta los doscientos cincuenta y ocho mil millones de pesos en obras del sector energético, carretero y aeroportuario, un programa que será un respiro para la presión económica, pero que difícilmente alcanzará para revertir la tendencia del muy bajo crecimiento para el año próximo.

En la economía se está haciendo un esfuerzo, pero en el ámbito de la seguridad la cerrazón alcanza un grado de negligencia e insensibilidad.

La respuesta presidencial en torno al caso de la familia LeBarón, sin empatía alguna por las víctimas, sorprende. Sorprende tanto como lo hace la respuesta a Javier Sicilia cuando demanda un cambio en la política de seguridad: el Presidente lo calificó de conservador, de impulsar políticas del pasado y finalmente dijo que no lo recibirá porque le da “flojera”, algo preocupante para un mandatario que en escasos once meses debe soportar sobre sus hombros la muerte de más de treinta mil mexicanos.

No se comprende esa falta de sensibilidad por parte de la Presidencia. No sólo hay miles de muertos, sino que también el porcentaje aumenta mes con mes.

Hay también ciudades tomadas por el crimen (si hace un mes fue Culiacán, este fin de semana fue Nuevo Laredo), los ajustes de cuentas entre los grupos criminales son cada vez más violentos y públicos. Hay zonas del país, como la frontera entre Chihuahua y Sinaloa, donde mataron a los LeBarón, que no están bajo control territorial de las fuerzas de seguridad.

En una reciente encuesta, sin sesgo opositor alguno, se señala que el 70.9 por ciento de los encuestados considera que el gobierno está rebasado por la inseguridad mientras que el 53.9 por ciento considera que la situación está peor que hace un año. ¿Y la respuesta es que los reclamos ciudadanos dan “flojera”? La misma encuesta que citábamos señala que los únicos que salen aprobados de la crisis culiacanense son los soldados: es la militar la única instancia gubernamental que la gente cree que actuó correctamente en Culiacán.

La ceguera ante la situación que vive la seguridad pública impide ver que no hay una articulación real de los esfuerzos desplegados. Cada instancia va por su lado y cada una hace lo que puede en un marco de órdenes incluso contradictorias.

No se termina de comprender lo que está en juego cuando, por ejemplo, Ricardo Monreal (uno de los más experimentados políticos de esta administración) dice que “la mejor política de seguridad es crear empleo y reducir la desigualdad”. Nadie puede estar en desacuerdo, pero incluso así, no es verdad. Es como decir que la mejor política de salud es la prevención, pero no por eso dejaremos de lado las cirugías o los tratamientos especializados.

Con la seguridad pasa lo mismo: las políticas de seguridad pública no tienen ideología. Claro que se necesita la justicia social, pero si se comprende la dinámica de la inseguridad en nuestro país se comprenderá que la misma poco tiene que ver hoy con la desigualdad o el empleo y mucho más con la operación eficiente de las policías, la inteligencia y los golpes a los grupos criminales. Cuando decenas de criminales toman una ciudad o cuando les disparan a mujeres y niños o cuando familias completas comienzan a ser asesinadas, las medidas que se exigen son otras.

No se le puede “sacar la vuelta” al crimen, como dijo el Presidente en otro hecho que, incomprensiblemente, ha quedado sin castigo alguno: la destrucción de la rectoría, los daños al mural de Siqueiros con quema de la bandera incluida, sufrida la semana pasada en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Más incomprensible aún porque se sabe dónde se refugian los autores de ese atentado. El Estado no puede “sacarle la vuelta” ni al crimen ni a los criminales, entre otras razones porque la ciudadanía, que los sufre cotidianamente, está impedida de hacerlo.

Hablando de justicia. Insiste Morena en el congreso de que los nuevos consejeros de la judicatura federal se aprueben por mayoría simple y, además, en que los dos que deben ser designados ya, sean mujeres.

No comprenden que la ley indica que debe ser por mayoría calificada.

Y que sean los mejores, hombres o mujeres.

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