Energía y seguridad jurídica, la otra crisis bilateral

Los primeros denuncian medidas autoritarias del Sistema de Administración Tributaria (SAT). “El gobierno (mexicano) —dice la carta de la poderosa asociación estadunidense dirigida a las autoridades de su país y al presidente López Obrador— ha pedido a personas o entidades que supuestamente no han cumplido con sus obligaciones fiscales que se abstengan de buscar alguna representación legal. Les sugieren acercarse directamente al gobierno para ponerse al corriente con el fisco”. La Procuraduría Fiscal amenaza con investigaciones de carácter penal a quien busque negociar con esa instancia adeudos fiscales, como estrategia para presionar a contribuyentes que están en litigio con el SAT. “La Barra Americana —insiste la carta— se opone a cualquier acción que tomen los gobiernos para restringir el derecho de las personas a buscar asesoría legal para tener un juicio justo o para impugnar la presunta violación de cualquier ley o estatuto, a través de los canales legales apropiados”.

El problema es real, ha sido denunciado por empresas, personas y fiscalistas (se dice, incluso, que existe una lista de los principales fiscalistas con los que las autoridades se niegan siquiera a negociar) y viola las normas bilaterales, los principios jurídicos de igualdad ante la ley y el nuevo T-MEC.

La otra carta es más delicada aún. Fue enviada por 43 legisladores de ambos partidos al presidente Trump exigiéndole que intervenga para que el gobierno mexicano respete las normas del T-MEC y no boicotee, violente o discrimine a las empresas energéticas de ese país con su nueva estrategia energética. “Informes recientes indican que el gobierno mexicano está otorgando tratamiento regulatorio preferente a Petróleos Mexicanos (Pemex) y está postergando o cancelando totalmente permisos para empresas energéticas estadunidenses”, dice la carta, enviada el jueves. “(Esto) ha cobrado crédito adicional por un memorándum del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el que indica a las autoridades mexicanas que utilicen todos los recursos disponibles dentro de la normativa para proteger a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad”.

El tema ya había sido tratado en la visita de López Obrador a Washington, y comunicaciones de este tipo también ya se han entregado a distintas autoridades después de que el gobierno federal, que se había comprometido públicamente a no modificar las normas energéticas y que había asegurado que todos los contratos y convenios firmados se respetarían escrupulosamente, en los hechos los ha violado y vía la famosa Ley Nahle (declarada inconstitucional por la SCJN) suprimió, de hecho, las inversiones en energía renovable, gasoductos y otros proyectos, se cambiaron las reglas para las existentes y se privilegia a la CFE y a Pemex intentando retomar un monopolio estatal del sector.

En el ámbito económico hay que insistir en que la falta de certidumbre y de seguridad jurídica es lo que más ha debilitado la posición de México para crecer y recibir inversiones, pero además esas políticas están violando las normas del T-MEC. Y nada está peor que el sector energético. La política que han tratado de imponer para volver a convertir a Pemex y la CFE en empresas monopólicas de Estado, no sólo vulnera la seguridad jurídica y la competitividad, sino también las inversiones que mayor potencialidad tienen en nuestro país.

Los números son catastróficos. Las pérdidas de la CFE en el primer trimestre del año, antes de la pandemia, fueron de 121 mil millones de pesos; la Comisión Nacional de Hidrocarburos informó que México, de aquí al 2027, no tiene posibilidad alguna de llegar a los dos millones de barriles diarios de producción petrolera que se esperaban. Sólo aumentarán la producción los productores privados que obtuvieron sus concesiones en las rondas realizadas durante el gobierno pasado y que se mantienen trabajando. También el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha dejado en claro que defenderá los intereses de las empresas de su país, sobre todo en energía. La CFE perdió un proceso judicial en un tribunal de Londres por 200 millones de dólares por la cancelación unilateral del proyecto Chicoasén II. La decisión de producir energía con combustóleo en lugar de con gas es un crimen ecológico, además de un mal negocio económico.

Hay empresas que han invertido miles de millones de dólares en el ámbito energético y no permitirán que se les cancele de facto o abiertamente. O que no les permitan defenderse en temas fiscales. Tampoco lo permitirán sus gobiernos, incluyendo los que son, no es un detalle menor, nuestros dos socios comerciales en el T-MEC. La estrategia seguida es de perder-perder.