El silencio se convierte en complicidad

La prolongación de mandato de Bonilla es un acto ilegal que viola la Constitución y que sienta un precedente en la vida democrática del país: demuestra que lo que ha tardado años, décadas, en construirse, se puede destruir de un plumazo mediante la corrupción y la conveniencia personal.

No creo que la decisión del Congreso de Baja California haya sido impulsada o siquiera aprobada por el presidente López Obrador. Pero sí creo que su silencio sobre el tema de alguna forma le da legitimidad a los impulsores de esa reforma. Dice el Presidente que no quiere pronunciarse sobre el tema para no dar pie a malas interpretaciones, pero aquí no hay margen para las malas interpretaciones: se apoya o no esa medida ilegal.

Es verdad, como también dijo el Presidente, que en Baja California esa reforma fue votada por diputados locales de todos los partidos, pero también es verdad que todos los partidos de oposición han condenado, desde sus dirigencias nacionales hasta legisladores federales, la ampliación de mandato e incluso se han iniciado procesos de expulsión de los diputados locales que apoyaron esa votación.

La única dirigente nacional de un partido que apoyó la ampliación de mandato fue Yeidckol Polevnsky, todavía presidenta nacional de Morena, argumentando que era algo que la gente quería porque estaba cansada de votar (sic).

Si el Presidente no se pronuncia para no ser “mal interpretado” y la presidenta de su partido sí lo hace en favor de la ampliación de mandato, el que queda en entredicho es el propio Presidente. Pero, además, no hablar del tema, cuando el primer mandatario habla y opina de casi todo, lo hace más desconcertante aún. El Presidente opina hasta de los amparos presentados sobre la construcción del aeropuerto o de decisiones adoptadas por la Suprema Corte, ¿por qué no pronunciarse sobre un acto a todas luces ilegal y con fuertes visos de corrupción?

Lo ratificado por el Congreso de Baja California es, en los hechos, un golpe de Estado técnico. No se puede ampliar un mandato constitucional porque se le ocurre a un grupo de legisladores. Más aún cuando la solicitud para ampliar ese mandato fue presentada en dos ocasiones, antes de los comicios estatales, y llegó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y fue rechazada por su evidente ilegalidad.

Le toca ahora actuar a la Fiscalía General de la República y a la Suprema Corte. La primera, investigando cómo fue que una mayoría de diputados de la oposición repentinamente decidió ampliar un mandato constitucional en contra, incluso, de las dirigencias de sus propios partidos. Se asegura que cada uno de los diputados locales que apoyó la medida recibió un millón de dólares. Hay denuncias al respecto y deben ser investigadas, y si se comprueban malos manejos, deben ser castigados. Una administración que ha hecho de la lucha contra la corrupción su principal bandera no puede dejar pasar un acto corrupto tan flagrante.

Hay denuncias en la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad de la medida. La primera la presentó el presidente municipal de Mexicali esta misma semana. Pero más allá de la misma o de las que se pudieran presentar en el futuro, se debe actuar de facto, porque es evidente que se está violando la Constitución.

La posición de Polevnsky también debe ser evaluada. Si había argumentos para que la exdirigente empresarial no continuara en la presidencia de Morena, su pronunciamiento a favor de la ampliación del mandato en BC debería ser suficiente para dejarla completamente fuera de esa posibilidad. No deja de ser alentador que el principal postulante para reemplazarla, el diputado Mario Delgado, se haya declarado en contra de esa medida, como todos los demás presidentes de partidos políticos nacionales.

Lo de Baja California es ilegal, es una provocación y un literal agandalle. No debe ser permitido. Hay líneas rojas que en la democracia no pueden ser traspasadas sin pagar un costo altísimo por ello.

 
La mamá de Lozoya