Sin derecho a la verdad

La ignorancia permite que los tiranos pasen sobre los pueblos y que simples mortales engañen a multitudes; sin embargo, llegará un día en que la verdad los hará libres. No es una cita religiosa, es el fundamento del derecho humano a saber, el derecho a la información que los gobiernos están obligados a respetar y que los ciudadanos deben defender si no quieren ser violentados en sus garantías.

En la historia de la humanidad, la verdad costaba la vida. Los poderes religiosos y políticos propiciaban la ignorancia de los pueblos, y lo hacían ocultando la verdad.

Cuando las sociedades evolucionaron y los sistemas democráticos se conformaron, el acceso a la verdad comenzó a volverse un derecho ejercible, al grado que hoy lo es de manera universal.

Como ciudadanos sabemos que un gobierno amenaza a la democracia cuando comenzamos a perder libertades e instituciones para controlarlo.

El gobierno de Morena quiere despojarnos de un derecho humano, que es el derecho a la información, a saber, a la verdad, a conocer lo que hace y cómo lo hace. Y para ello ha decido, con premeditación, mentir.

Dice que el constitucionalmente autónomo Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai) es costoso y que, desapareciéndolo, su presupuesto se puede destinar a atender la pandemia; ésa que ha manejado con opacidad y que ha costado tantas vidas.

La realidad es que el presupuesto dirigido al Inai representa un centavo de cada 100 pesos de todo el presupuesto público. Bajo esa lógica, podemos hacer el símil de que si la Secretaría de Cultura es tan deficiente, nos ahorraríamos más dinero si la fusionamos con la de Educación.

El Inai es el organismo a través del cual los ciudadanos podemos pedir información a todas las autoridades desde cómo se gastan nuestros recursos, el tipo de acciones que realizan y hasta saber si el Presidente tuvo covid-19 y fue asintomático. Pero, además, se encarga de proteger nuestros datos personales, no sólo de su uso por parte de autoridades, sino de empresas particulares.

En el reciente foro digital Instituciones Autónomas de México, organizado por el Inai, Sergio López Ayllón, director del CIDE, presentó un impecable argumento que desarticula la narrativa presidencial de querer disolver este órgano y pasar sus funciones a la Secretaría de la Función Pública.

Explicó que un sector del gobierno no puede sustituir lo que en realidad representa el Inai, que es todo un entramado del Sistema Nacional de Transparencia. No se trata de un organismo, sino un mecanismo federal y local que gestiona la transparencia, pero que, además, protege los datos personales de todos los mexicanos.

De acuerdo con López Ayllón, el Inai ha institucionalizado la transparencia, ha dado efectividad a los derechos y contribuido a una nueva cultura política, en la que la información no es patrimonio de los funcionarios, no de los políticos, sino que es un bien público.

Edna Jaime Treviño, directora general de México Evalúa, sostuvo que el ahora Inai, antes IFAI, es un gran logro de la sociedad civil y de sectores progresistas que no ha dejado de evolucionar en la propia ley, puesto que hoy se ha logrado que los poderes judiciales de todo el país hagan públicas las sentencias.

Por cierto, el Poder Judicial de la Federación ya había dado grandes pasos en este tema.

Para darse una idea de la utilidad social del Inai, en alrededor de los 20 años de su existencia, ha recibido dos millones de solicitudes de información sobre cómo gasta o se conduce la autoridad.

El gobierno de Morena no es uno de los más transparentes, sino, por el contrario, oculta información y se siente incómodo y se reclama víctima de confabulaciones cuando se le exige rendir cuentas.

En palabras llanas, es un gobierno que no le gusta subordinarse a sus electores, lo que, sin duda, resulta paradójico si se supone que fue gracias a un pacto de resultados construido con ellos para atraer su voto.

Puede ser que en el arranque de la presente administración un sector de sus votantes aceptara el achicamiento del gobierno como una ruta a la austeridad, pero cuando ha habido sobradas muestras de que ello no mejoró la situación de los más pobres, sino que amplió el número de quienes cayeron en pobreza extrema, el argumento no convence más.

Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas, señaló en su participación que el número de quejas presentadas por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del gobierno aumentaron a 6 mil, y a 17 mil los recursos por dificultades administrativas y operativas en el último año.