Poderes judiciales amenazados

Para entender esto, es necesario saber que Human Rights Watch ha reportado que nuestro país vive una situación compleja en materia de violaciones de derechos humanos y la ONU ha pedido al actual gobierno dar atención urgente a la creciente violencia contra mujeres, adolescentes y niñas.

En este contexto, Morena rompió los acuerdos con la oposición, académicos y organizaciones, y el fin de semana pasado intentó sorprenderlos apurando el dictamen de la iniciativa presidencial de reformas al Poder Judicial de la Federación, como lo adelantó la periodista de esta casa editorial Leticia Robles, la cual vulneraría al único poder que ha contrapesado las decisiones excesivas del Ejecutivo.

En otro ominoso hecho, un grupo de senadores de Morena demandó la destitución de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta, la panista Kenia López. No es cualquier comisión, su función ha sido vital para señalar omisiones y abusos en contra de los derechos fundamentales.

En el momento más complejo de violencia en el país, en el que los derechos humanos, incluidos los de tercera generación, económicos, políticos, sociales y medioambientales, deben ser defendidos, los senadores de Morena quieren aprobar una reforma judicial que, de entrada, se sustenta en una peligrosa generalización: que todas las personas juzgadoras son corruptas.

Peligrosa porque reproduce el discurso reciente de que todo juzgador federal que resuelve en contra de acciones de autoridades federales es corrupto. Lo que no ha sido probado.

Qué garantía de respeto a la autonomía puede haber, cuando existe como antecedente este discurso desde el liderazgo del Senado: “Llegó la hora de tener que emplearnos a fondo en el Poder Legislativo para darle una sacudida al Poder Judicial”; “los jueces y magistrados, por razones naturales, generan cotos de poder con litigantes, con despachos, con funcionarios y con su personal interno… es impresionante el nepotismo que prevalece”.

Sin duda, hay necesidad de reformas al Poder Judicial, pero las condiciones democráticas no son las ideales. No hay una mayoría parlamentaria que dialogue, que construya acuerdos por el bien del país, sino que avasalla, atropella y celebra cuando desaparece programas que afectan a grupos vulnerables. No se busca lo mejor para México, sino lo que mejor conviene a un proyecto.

Ahí está como prueba el que la Unidad de Inteligencia Financiera haya sido autorizada por el Senado para congelar cuentas sin orden judicial, que violaría el debido proceso, cuando se ha denunciado un uso político.

En el Congreso Internacional sobre los retos de la judicatura federal, organizado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Diego García-Sayán, relator de la ONU, enumeró una serie de advertencias que deben reflexionarse.

Expuso su preocupación por el acoso a poderes judiciales a través de las restricciones de recursos presupuestales y “tentaciones autoritarias que se producen en algunos países”.

Resulta polémica la propuesta de la reforma judicial que se refiere a la integración de órganos jurisdiccionales para resolver temas relevantes o violaciones a derechos humanos, cuando se priva a las personas de contar con el derecho al juez natural, por ejemplo.

Y García-Sayán es muy claro en subrayar que el contar con una judicatura independiente de presiones externas, pero también internas, es un derecho humano, lo que estaría en riesgo si algún partido decidiera aprovechar las reformas para introducir procesos que faciliten esos mecanismos de presión.

“También se analiza lo que vienen a ser las sanciones disfrazadas, es decir, que no se abre un proceso de investigación formal, pero que a un magistrado o magistrada, de pronto, se le promueve a un puesto judicial para sacarlo o sacarla de un caso que está conociendo o está a punto de conocer, es decir, elementos más oscuros en donde la garantía del debido proceso, por supuesto, es muy difícil de defender, muy difícil de garantizar”, subraya.

Las reflexiones del relator de la ONU para la independencia de los jueces, sin duda, son tema para futuros análisis. Sin embargo, son tiempos de fortalecer a la judicatura, y mientras no haya señales de voluntad democrática, es mejor esperar.