Logo de Excélsior                                                        

La lealtad es a la Constitución

Jorge Camargo

Jorge Camargo

La versión oficial es una postura cuidada para no dejar ver puntos delicados y que posicione la imagen de un gobierno. Eso intentó Morena al darnos a conocer el “tono” de la llamada con el próximo presidente de Estados Unidos. Pero el comunicado de la oficina de Joe Biden se la desbarató: dice que trabajará estrechamente “incluyendo a la sociedad civil” y “el sector privado”.

Esto, querido lector y lectora, será de tal impacto como cuando un Presidente de México visitaba Cuba y anunciaba que su agenda incluiría el diálogo con la disidencia de la isla.

Nadie puede pretender decir que el equipo del demócrata ignora que en México las organizaciones de la sociedad civil han sido declaradas enemigas del régimen y que son persistentemente embestidas, al grado de que muchas de ellas han desaparecido, con la intención de que no ejerzan un contrapeso ciudadano ni midan la eficacia de las autoridades.

El populismo tiene como hoja de ruta minar todo contrapeso, empezando por las organizaciones ciudadanas, aun cuando esa acción despiadada arrase con las que apoyan a niños con cáncer, a las madres solteras que necesitaban quien cuidara a sus hijos, mujeres violentadas, etcétera.

Mucho menos les es ajeno que en México no existe certidumbre jurídica para las inversiones nacionales y extranjeras, como ya lo hemos mencionado en una entrega anterior.

Pues bien, en el equipo del futuro gobierno del vecino del norte existen dos carpetas, una que incluye un proyecto para incrementar el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales en toda la región, especialmente en nuestro país, y específicamente de aquellas que se dedican al fortalecimiento de la democracia.

Esto, sin duda, no gustará al gobierno de Morena, porque va en contra de su proyecto de mantener a nuestro país como una isla chiquita.

El segundo documento que contiene esa carpeta es un análisis sobre el avance de las Fuerzas Armadas en tareas más allá de las propias de la seguridad nacional y, forzadamente, del combate al narcotráfico.

El Partido Demócrata ve con mucho recelo la militarización gradual del país y la estrategia del gobierno de Morena de involucrar a las fuerzas castrenses en áreas sensibles sin establecer controles civiles en su actuación.

Es, sin duda, fundada tal preocupación, especialmente luego del reciente anuncio de la creación de una empresa dirigida por las Fuerzas Armadas que administre el Tren Maya y diversos aeropuertos del sureste, lo que, sin duda, es contrario a la Constitución.

Las Fuerzas Armadas siempre, al menos en el discurso, han expresado lealtad al jefe de las instituciones; pero saben muy bien que el Estado no lo encabeza sólo una persona, sino dos poderes autónomos más y que su compromiso está enlazado al espíritu fundacional de nuestra democracia.

Las Fuerzas Armadas tienen el límite de la Constitución, que resume el mayor mandato de los mexicanos. Caminar por la ruta que Morena le construye abre una ruta franca de inconstitucionalidad y conflicto.

No es la primera vez que el Ejército, por su parte, ha sido involucrado por el gobierno en la construcción de obra y sus resultados han recibido observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, como lo demuestran los resultados de la Cuenta Pública de 2016, relacionada con la construcción de la barda perimetral del actual aeropuerto.

Al año siguiente, información periodística no desmentida refiere que la Sedena adjudicó 9 contratos a dos empresas distintas sin que realizara una investigación de mercado para encontrar el mejor precio en la fabricación y mantenimiento de bienes de uso castrense.

Desde que eran oposición, los integrantes del actual gobierno demandaron el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. Y hoy no puede gobernar más que de la mano militar. Esto no es opinión, es la descripción de hechos concretos.

Cabe preguntarse si le corresponde a la sociedad cuidar a las Fuerzas Armadas del desprestigio al que Morena las puede llevar en esta aventura contra la Constitución. La respuesta es no. Éstas tienen la capacidad de declinar las invitaciones, porque institucionalidad no es sinónimo de contrariar la supremacía constitucional.

Y en otro orden de cosas, vaya embrollo traen en el Senado, pues resulta que un juzgado federal concedió, en un juicio de amparo, una suspensión de plano a un trabajador de 65 años adscrito al Canal del Congreso al que, pese a una circular emitida desde marzo, se le obligaba a presentarse a trabajar, aun cuando es persona vulnerable ante la covid-19. Nos dicen que hay varios litigios en puerta.

Comparte en Redes Sociales