La Corte no tiene la culpa

He escuchado y leído debates sobre la Suprema Corte a partir de la renuncia, inédita ciertamente, de uno de sus integrantes. Sin embargo, creo que se requiere una aclaración: lo que hoy ocurre en el Tribunal constitucional no es causa de éste, sino consecuencia de todos los que quieren meter las manos en su conformación. Así de claro.

Se hace la interrogante constante de qué pasará con nuestra Suprema Corte. Y es obvia la respuesta, lo que los mexicanos queramos o permitamos que ocurra.

Construir una narrativa que centralice el conflicto reciente en la Corte, lleva, indudablemente, la intención de demeritarla y debilitarla en su reputación para justificar injerencias en su conformación.

El argumento de que en todos los países, incluido Venezuela, se busca controlar al único poder del contrapeso, no es argumento para tomárnoslo con calma.

Porque quizás el lector deba conocer lo siguiente. La Suprema Corte es la cabeza del Poder Judicial de la Federación, el cual también integra el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano administrador, vigilante y sancionador de todos los jueces y magistrados federales.

Pues bien, resulta que, además de la vacante de ministro, existen en este momento dos vacantes en dicho Consejo, que el Senado deberá designar, y en pocos meses, un tercer consejero que habrá de nombrar directamente el Presidente de la República.

Entonces, la cosa no es tan sencilla, sobre todo porque la oposición en el Senado ha denunciado en los medios que desde la bancada de Morena se ha diseñado toda la estrategia para desprestigiar al Poder Judicial y se alista para influir en la designación de esos dos consejeros de la Judicatura.

Si esto es verdad, como se ha publicado, los márgenes para forzar negociaciones políticas y repartirse cuotas en la designación de los consejeros y de la vacante de ministro abren un escenario de alto riesgo para la independencia judicial y la certeza jurídica de todos los mexicanos.

Las voces del gobierno federal y de la mayoría en el Congreso afirman que los tiempos de hoy no son los de antes y que se respeta la división de Poderes y la actuación de los juzgadores federales.

Pero si eso fuera verdad, por qué instituir el “lunes de linchamiento” de jueces que resuelven a favor de los derechos humanos, o sacudidas necesarias al Poder Judicial. O será a caso que un exgobernador solía darlas a “su” tribunal superior de justicia, y gustó de la costumbre.

En conclusión, no culpen a la Corte de coyunturas provocadas por ella misma, sino de las decisiones de querer nombrar a sus integrantes por su superior interés personal y no por el de la nación.

A los tribunales constituciones se les suele acusar de incurrir en hiperactivismo judicial o de politizar la vida institucional a través de su jurisprudencia. Eso no es su culpa, sino que proviene de los desarreglos de los actores institucionales que son llevados para su resolución a los tribunales de la Federación.

Esta judicialización de la política proviene de la nula capacidad de diálogo y del cierre de espacios democráticos para procesar los desacuerdos. No se culpe de ello a los jueces de la democracia.

Ciertamente, el modelo constitucional actual, que deja en las manos del Presidente de la República la integración y propuesta al Senado de la terna de ministro, no es la mejor. Las señales de casos recientes demuestran que no hay vocación democrática.

La Sociedad Civil Organizada, de la que muchos no gustan, los académicos, las barras de abogados y las universidades están convocados a estos nuevos tiempos de contrapesos, como ocurre en todas las democracias.

Esta convocatoria debe traducirse en trasladar el interés social al proceso de selección de los miembros del Poder Judicial en el Senado.

Porque el lector debe saber que este poder institucional es el del equilibrio de los actos de los funcionarios que pueden dejarlo sin atención médica, acusarlo de un delito federal siendo inocente, de despojarlo de su casa por una expropiación injustificada, de cobrarle impuestos de manera excesiva, de que le violen sus derechos humanos con toda impunidad, etcétera.

Citado por el que escribe ya en otra ocasión, José María Morelos, creador del primer Tribunal Supremo de nuestro país, expresó: “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario”. Sépase que esto no sería realidad sin independencia.

Quizás haya algunos que les resulte incómodo el “generalísimo”, y dado que se invoca a la historia para acomodarse en el presente, valdría la pena preguntarse si para Morelos, Juárez hubiera sido un conservador.