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Gobiernos sin poder

Jorge Camargo

Jorge Camargo

De acuerdo con las cuentas de las autoridades, el miércoles inició el tercer año de gestión. Salvo acotados aciertos, nada que haya cambiado el rumbo del país, que no sean piezas discursivas, o que defina una ruta de navegación que haga sentir un timón fuerte. Contamos, en cambio, con un gobierno con menos poder.

La propuesta de un programa de gobierno sólido, lógico y sostenido por un esbozo de políticas públicas, incluyente, en teoría, sería la oferta ganadora en un proceso electoral. Sin embargo, el grueso de los mexicanos no votó por ello. Lo hizo impulsado por el justificado hartazgo de la corrupción y contra una tendencia sostenida en la modalidad de su sufragio, concediéndole todas las posiciones a Morena: la Presidencia y la mayoría en ambas cámaras del Congreso.

Pero muy pronto la realidad aterrizó a Morena y al nuevo Presidente. Esto no es privativo de México ni se trata de una conspiración nacional; desde hace más de 15 años existe una disrupción mundial por el surgimiento y acción de múltiples actores sociales y privados que han degradado a los poderes políticos formales.

Cada vez los gobiernos y las entidades que los componen tienen menor poder por la pulverización de estos nuevos actores, cuya presencia no sólo tiende a incrementarse, sino a trasnacionalizarse. Las protestas en el mundo por la muerte de un ciudadano negro en Estados Unidos es una muestra.

A esta nueva realidad se está enfrentando Morena y el Presidente. Un fenómeno mundial para el que no se prepararon, que no entienden bien a bien y por lo cual les resulta más fácil asociarlo a complots de mafias del poder neoliberal nacional e internacional.

Subrayo, además de los partidos políticos que tradicionalmente disputan el poder al gobierno, hay micropoderes, no necesariamente políticos, que también se lo disputan.

Entre estos micropoderes existen los legítimos y los ilegítimos. Entre los primeros se encuentran las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales que se convierten en contrapesos del gobierno y sus acciones; los ciudadanos en lo individual y las agrupaciones empresariales.

Hoy, una acción colectiva de organizaciones defensoras del medio ambiente puede propiciar que el orden mundial condene y sancione a un gobierno nacional. O un crimen reprobable como el caso Ayotzinapa o el homicidio de 24 jóvenes indefensos en Irapuato, el miércoles pasado, se eleve a una condena mundial para el país. Es decir, un gobierno menos poderoso.

En el orden privado, un conjunto de organizaciones puede llevar a la quiebra a una empresa global por un caso de discriminación o por un caso de comercio justo.

Pero también existen las ilegales, como las organizaciones criminales, nacionales e internacionales, que pueden crear grandes disrupciones y poner en riesgo la gobernabilidad de un país. Por ello sale de toda lógica la renuncia pública del gobierno federal a no enfrentarlas. Es tan grave tal permisividad y laxitud, que los gobiernos siguientes al presente enfrentarán serias encrucijadas.

Al percibir que su poder se diluye y al no entender que se trata de un proceso que viven las democracias en el mundo y que las obliga a crear esquemas de diálogo efectivo, este gobierno actúa a la inversa, es decir, trata de concentrar el mayor poder posible, eliminando todo órgano autónomo que le haga contrapeso y deslegitimando a los sectores en los que identifica esta disputa.

Al final, es una carrera contra la pared. El tamaño del impacto puede anticiparse. Lamentablemente, y lo digo con claridad porque, a final de cuentas, respondía a las expectativas de sus votantes, en sus apenas dos años ha acumulado el mayor número de muertos en la historia del país por la violencia de la delincuencia organizada.

El manejo de la economía ya había dejado a dos millones de personas sin empleo antes del covid-19; su confrontación con el capital privado alejó las inversiones externas y las disputas legales internacionales por la cancelación de proyectos hacen cada vez más remota la posibilidad de que el país se vuelva atractivo por no haber certidumbre legal.

Y entonces le sobrevino la pandemia que, una parte por la renuencia gubernamental de no dar apoyos a la industria y, otra, por el obligado cierre, dejó a otras 10.4 millones de personas sin empleo, y desplomará el PIB en 10.5% para lo que resta del año, según el FMI.

Así es la realidad. Este sexenio pasará a la historia por eso.

En estos tiempos se clama por los apostolados. Pero éstos se relacionan con el martirio. Y los apóstoles de la democracia se acabaron cuando la democracia se hizo la constante.

 

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