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Violencia, género y política

Javier Aparicio

Javier Aparicio

La violencia criminal, la violencia política y la violencia contra las mujeres son tres graves problemas sociales que están relacionados entre sí. Sin embargo, la intersección entre estos tres tipos de violencia apenas se está visibilizando y estudiando en México y otros países. Por lo general, la violencia criminal organizada se distingue de la violencia política por estar relacionada de manera directa con la búsqueda del poder, mientras que aquella suele concentrarse en actividades ilícitas. Sin embargo, cada vez más grupos criminales amenazan o atentan contra las autoridades políticas para operar de manera impune o bien, para controlar parte de los recursos públicos que administran los gobiernos de diferentes niveles. Cuando el crimen organizado logra capturar o coludirse con algún gobierno municipal o estatal, la frontera entre criminales y autoridades se diluye rápidamente.

Desde la ciencia política, la violencia política se ha concentrado en estudiar los conflictos entre actores estatales y no estatales para conseguir fines políticos. Las protestas y manifestaciones pueden derivar en represión o revueltas generalizadas. Las precampañas o campañas electorales también pueden verse manchadas por conflictos o amenazas con diferentes tipos o grados de violencia. Cuando la vía electoral no logra resolver estas diferencias de manera pacífica, pueden desencadenarse con conflictos postelectorales violentos.

Por su parte, la violencia de género contra las mujeres en el ámbito político es un problema cada vez más visible, pero poco estudiado hasta ahora. A diferencia de la violencia criminal o política, la violencia de género contra las mujeres en la política comprende las acciones y omisiones que, con base en elementos de género, tienen por objeto limitar o cancelar el ejercicio de sus derechos políticos tales como votar, buscar una candidatura o ejercer un cargo público.

Si bien las reglas de paridad en candidaturas han logrado un avance sin precedentes en el número y proporción de mujeres que han conseguido candidaturas y triunfos en cargos legislativos o municipales a lo largo y ancho del país, estos avances han tenido la consecuencia no deseada de un número creciente de incidentes de violencia contra mujeres políticas.

Las elecciones municipales suelen ser más violentas y conflictivas que las legislativas por la sencilla razón de que los ayuntamientos ejercen presupuesto y tienen más personal a su cargo, por lo que hay muchos más recursos en juego que en una diputación local. La mayor participación de mujeres en contiendas municipales ha implicado, también, mayores niveles de victimización. Uno de los retos de este problema es dilucidar si la violencia contra las mujeres dentro de la política tiene una naturaleza o incidencia distinta a la que padecen los hombres.

Si bien las reglas de paridad obligan a los partidos a postular mujeres a la mitad de los cargos, toca a cada partido decidir quiénes serán las mujeres registradas y en qué demarcación lo harán. En muchos municipios, la decisión de postular a un hombre o una se deja hasta un último momento, y esto puede producir conflictos políticos violentos al interior de un mismo partido.

Una vez que consiguen una candidatura, muchas candidatas sufren agresiones sexistas, difamación y calumnias durante sus campañas electorales. De conseguir el triunfo, ya en el ejercicio de sus cargos, muchas mujeres políticas reciben comentarios ofensivos o descalificaciones sobre su experiencia o capacidad para desempeñar sus cargos. Al interior de los cabildos, que en su mayoría son paritarios ya, las regidoras suelen padecer mayores niveles de violencia de género que las presidentas municipales. Después de todo, las regidurías son el cargo de elección popular con menor poder.

La heterogeneidad municipal misma también suele operar en contra de las mujeres. Más de 70 por ciento de las presidentas gobiernan municipios de menos de 25 mil habitantes. A pesar de conquistar el cargo más importante de sus municipios, muchas suelen ser discriminadas en varias dimensiones: por ser mujeres, por gobernar un municipio pequeño y por ver cómo su experiencia y trabajo político es menospreciado frente al de los hombres o caciques locales. Hay mucho trabajo por hacer más allá de la paridad en candidaturas.

 

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