Renovación en el INE

La convocatoria original inició el 18 de febrero pasado y debió haber concluido el 31 de marzo. Sin embargo, la contingencia sanitaria obligó a suspenderla desde mediados de marzo junto con otras actividades de la Cámara de Diputados. Las primeras etapas, consistentes en un examen de conocimientos y una evaluación curricular de los aspirantes por parte del Comité Técnico se llevaron a cabo antes de la suspensión, pero quedó pendiente la etapa de entrevistas.

Una vez reanudado el proceso, las nuevas fechas quedaron como sigue. Las entrevistas del Comité Técnico a los 60 aspirantes, mitad hombres y mitad mujeres, se realizarán del 9 al 13 de julio de manera remota en videoconferencia. Para evitar que algunos entrevistados puedan tener la ventaja de conocer las primeras entrevistas, éstas serán grabadas y sólo se darán a conocer posteriormente.

Al concluir la etapa de entrevistas, el Comité Técnico deberá enviar una lista de veinte aspirantes, separados en cuatro quintetas distintas —con al menos diez aspirantes mujeres—, a la Junta de Coordinación Política a más tardar el 16 de julio. A partir de estas listas, el pleno de la Cámara deberá elegir a cuatro personas por mayoría calificada de dos terceras partes el 22 de julio próximo, en sesión de periodo extraordinario. Siguiendo el ordenamiento constitucional, en caso de no llegar a un acuerdo, la designación se decidirá por sorteo o insaculación de entre las quintetas al día siguiente.

Fruto de la reforma política de 2014 que dio lugar al INE, esta es la tercera vez que se designarán consejeras(os) electorales bajo el esquema antes descrito —anteriormente, los aspirantes eran evaluados directamente por una comisión legislativa—. El Comité Técnico de Evaluación fue introducido en el proceso para impedir que los propios legisladores evalúen a los aspirantes bajo criterios poco objetivos o afinidades partidistas.

Esta renovación importa porque, como he dicho antes aquí, dado el mandato constitucional del Instituto Nacional Electoral —organizar elecciones libres y justas en todo el país—, es de suma importancia que los integrantes del Consejo General cuenten con el mayor consenso posible entre las diversas fuerzas políticas. Por ello, sería desafortunado que las nuevas mayorías ignoraran o dejaran de lado las opiniones de las minorías en esta renovación —tal y como ocurrió en 2003, por ejemplo—. Repetir los errores del pasado minaría la credibilidad y legitimidad de las elecciones futuras.

Desde su nacimiento, ha habido un nutrido debate del papel del INE en nuestra democracia. Ya sea sobre su papel en la transición democrática, hasta los límites y alcances de su autonomía frente al gobierno. Se ha dicho, por ejemplo, que sin el IFE antes y el INE ahora, difícilmente habríamos tenido el cúmulo de alternancias en el Ejecutivo y gobiernos sin mayorías en el Congreso. Ciertamente, la evidencia observable de las últimas décadas favorece esta interpretación. Sin embargo, también sería incorrecto atribuir exclusiva o preponderantemente al INE el crédito por los avances democráticos en el país, cuando detrás de ellos hay millones de ciudadanos manifestándose, con creciente libertad y confianza, con sus sufragios.

En tiempos en que numerosas democracias del mundo podrían estar en riesgo por la crisis pandémica, vale la pena preguntarnos, además, si nuestras instituciones electorales han producido las elecciones más confiables, libres y auténticas posibles. Y si la respuesta es negativa, pensar creativamente en la mejor forma de conseguirlo. En la evaluación de nuestra democracia y sus instituciones electorales no debemos confundir las condiciones necesarias con las suficientes.

Ninguna institución se crea o se destruye con el esfuerzo de una sola persona, mucho menos un órgano colegiado como lo es el Consejo General del INE. Pero siempre será mucho más importante saber sumar y multiplicar esfuerzos para renovar y fortalecer a una de las instituciones claves de nuestra democracia, que debilitarla.