Proteger los empleos

El programa económico anunciado el domingo pasado dejó mucho que desear tanto por su escala como por la falta de detalles clave que permitan tanto a trabajadores como a empresas planear las estrategias más adecuadas para atenuar el impacto económico de esta crisis. La semana pasada sugerí en este mismo espacio que seguir una estrategia gradual consistente en “anunciar paulatinamente y a cuentagotas medidas cada vez más severas” produciría más incertidumbre entre la sociedad en vez de atemperarla.

En su discurso del domingo pasado, el Presidente manifestó una renuencia a incurrir en un mayor déficit o contraer deuda pública, al insistir en que se está “haciendo hasta lo imposible para mantener el compromiso de no aumentar la deuda pública”.

Frente al impacto económico de la pandemia, gobiernos de izquierda y derecha han anunciado paquetes fiscales con diferentes niveles de deuda o déficit públicos, dependiendo de sus distintas capacidades fiscales e institucionales. Al igual que con el gasto público, la deseabilidad social de la deuda depende del buen o mal uso que se haga de ella. Si los gobiernos del pasado han abusado de la deuda o han hecho un mal uso del gasto público, nada impide al nuevo gobierno ejercer estos recursos de mejor manera.

De hecho, si el Presidente en verdad cree que estamos frente a una “crisis transitoria”, no debería tener mayor inconveniente en incurrir en cierto déficit en el corto plazo para poder paliarla —idealmente, con el apoyo de su gabinete económico y el Congreso—, y posteriormente, regresar a un presupuesto balanceado en el largo plazo.

Si bien, en general, es encomiable el compromiso con la disciplina fiscal y la austeridad —parte clave del recetario neoliberal, por cierto—, es ineludible que habrá una recesión este año. Y tan sólo por eso, aumentará la deuda pública como porcentaje del PIB.

Ahora bien, incluso en un escenario en el que se pudiera justificar el no incurrir en mayor endeudamiento —digamos, por ejemplo, porque la capacidad de endeudamiento se encuentre rebasada—, los cambios en el ambiente económico nacional e internacional, aunados al costo fiscal de la crisis sanitaria misma, implicarían hacer ajustes importantes en la orientación del gasto público. En medio de un entorno incierto, vale mucho la pena hacer ajustes y tomar las medidas más adecuadas en vez de negar la realidad. La experiencia de crisis pasadas en México y otros países nos ha enseñado que posponer estos ajustes los puede hacer mucho más costosos más adelante.

En el discurso presidencial también se dijo que las políticas fiscales contracíclicas eran neoliberales y propiciaban la corrupción. De nuevo, las medidas contracíclicas no son neoliberales ni corruptas por sí mismas: gobiernos de derecha o izquierda las han implementado con diferentes niveles de corrupción en el mundo.

No todas las políticas contracíclicas son iguales, por cierto. En general, podría pensarse que los gobiernos de derecha sean más proclives a reducir impuestos, mientras que los de izquierda a elevar gasto público: ambas medidas implican un mayor déficit público. En realidad, los gobiernos de diferentes países recurren a estrategias más bien mixtas: algunos sectores reciben ciertos apoyos fiscales, otros reciben gasto público.

Ni los apoyos o prórrogas fiscales deben beneficiar exclusivamente a los más ricos, ni el gasto público beneficia siempre a los más pobres. Todo depende de la forma en que se diseñen e implementen unas y otras medidas. El gobierno no tiene que sacrificar sus programas sociales principales, pero bien haría en reconocer que muchos de ellos no tienen como destinatario a la población económicamente activa —tanto formal como informal— que se ha vuelto vulnerable en esta crisis.

Las empresas más grandes cuentan con liquidez y ciertas formas de amortiguar el impacto de la crisis. Las micro y pequeñas empresas, sin embargo, no cuentan con tal liquidez y son la principal fuente de empleos en el país. Si el gobierno federal no protege a los empleos de la inminente recesión, comprometerá la viabilidad de su proyecto social en el mediano plazo. Como el presidente Roosevelt en su momento, el gobierno debe repensar las opciones de política fiscal contracíclica que tiene sobre la mesa.