Política social y crisis pandémica

Hace algunos días el Inegi dio a conocer su estimación oportuna del crecimiento económico durante el primer trimestre de 2020. Respecto al trimestre anterior, se registró una caída de 1.6 por ciento y respecto al mismo trimestre del año pasado, la caída estimada fue de 2.4 por ciento. Por otro lado, esta semana se dio a conocer que durante el mes de abril se perdieron más de 555 mil empleos registrados ante el IMSS, una caída de 2.7% respecto al mes anterior: la peor cifra en más de veinte años.

Frente a estos datos, la respuesta oficial es que el PIB quizás no sea ya un indicador tan importante. Por otro lado, en abril pasado el mismo Presidente decretó la creación de dos millones de empleos. Así, sin más. En un contexto en el que la narrativa oficial suele negar o minimizar las consecuencias sociales adversas del estancamiento económico observado desde finales de 2018, así como de la recesión pandémica de este 2020, resulta sumamente importante que organismos como Banxico, Inegi y Coneval reafirmen su autonomía e independencia respecto de los gobiernos en turno.

Como ha reiterado un número creciente de expertos, organizaciones sociales y organismos internacionales, la crisis sanitaria tendrá fuertes impactos económicos y sociales en diversos países del mundo. Por desgracia, ante la dimensión del reto de una recesión no vista en décadas, el gobierno federal no parece estar dispuesto a tomar medidas más contundentes, oportunas o eficaces.

El gobierno federal podría intentar aducir —como en su momento hicieron otros gobiernos— que las cosas iban bien hasta que llegó una crisis del exterior a estropearlo todo, pero lo cierto es que desde antes de la pandemia el escenario económico era poco halagüeño: la pandemia que tomó por sorpresa al mundo encontró a México en una situación particularmente vulnerable. Al igual que en 2008-9, la crisis puede tener un origen externo, pero la vulnerabilidad y la calidad de la respuesta gubernamental es de hechura cien por ciento nacional.

Para bien o para mal, el país no se reinventa sexenio a sexenio. Buena parte del retraso social en México son las consecuencias de largo plazo de crisis inducidas o mal atendidas por los buenos o malos gobiernos del pasado. Lo que nos reiteran que “ya se acabó”. Por otro lado, buena parte de las buenas o malas capacidades institucionales para responder a esta crisis —desde el sistema fiscal, la infraestructura de salud hasta el famoso modelo Centinela y diversos programas sociales que sobreviven hoy con nuevos nombres— también son herencia de gobiernos pasados: capacidades que muchos esperamos que se mejoren o fortalezcan antes de debilitarse o desaparecer. Lo cierto es que el responsable de lidiar con esta crisis —aquí, ahora, con los recursos y opciones de política pública disponibles— es el gobierno en turno.

Para abonar en esta importante discusión pública, esta semana el Coneval publicó un importante documento: La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (covid-19) en México. Coneval estima que la pobreza por ingreso podría aumentar entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, lo cual representa un aumento de la pobreza extrema por ingresos de entre 6.1 y 10.7 millones de personas para 2020. Por su parte, la pobreza laboral podría aumentar de 37.3 a 45.8 por ciento en el primer semestre del año. Esto equivale a decir que la crisis de este año podría acabar con el modesto avance en el combate a la pobreza observado en los últimos veinte años.

El reporte analiza la incidencia de algunos de los programas sociales considerados como prioritarios por el gobierno federal, y encuentra que difícilmente serán suficientes para atender a la población más vulnerable por esta crisis: población pobre urbana y rural, trabajadores formales e informales, personas desempleadas y las micro y pequeñas empresas. Ojalá el gobierno escuche el llamado de Coneval para proteger los ingresos laborales y los empleos, así sea de manera temporal. Sin ello, la recuperación solo será más lenta.