Imparcialidad del árbitro

El pasado martes 6 de abril, durante el arranque de la producción de boletas electorales en los Talleres Gráficos de México, ocurrió un intercambio peculiar entre Olga Sánchez Cordero, exministra de la Corte, senadora con licencia y actual secretaria de Gobernación, y Lorenzo Córdova, presidente del Consejo General del INE.

En su intervención, Córdova señaló, más allá de los detalles propios del evento, que “el INE es el árbitro de las contiendas y, como tal, está obligado a garantizar la equidad y la imparcialidad en las mismas, así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo. Y es en esa calidad de árbitro de las elecciones que llamamos a los actores políticos a respetar las reglas”.

En su intervención, Sánchez Cordero señaló que “siendo la neutralidad una obligación de los gobernantes, también lo es de las autoridades electorales, administrativas y judiciales”. Parafraseando a José Woldenberg, añadió que “el árbitro no busca el aplauso público, sino el cumplimiento de las reglas del juego. La premisa es muy clara: por definición, el árbitro es neutral o no es árbitro” y, además, éste debía ser “eficiente y discreto”.

El consejero coincidió con las palabras de la secretaria, pero añadió que “ser discreto y neutral no significa ser omiso e indiferente frente a las violaciones a la ley, sino todo lo contrario; frente a ello debe ser estricto y puntual”. Advirtió que, “aunque haya quienes confundan la aplicación de la ley con sesgos o actitudes parciales, lo cierto es que el árbitro seguirá aplicando las leyes y garantizando la equidad y la imparcialidad en el proceso electoral”.

Al día siguiente, en un tono mucho menos cordial que el anterior y durante un plantón frente a las instalaciones del INE, el presidente de Morena, Mario Delgado, expresó su inconformidad por la supuesta actuación parcial de consejeros “que pretenden quitarle al pueblo de Guerrero el derecho a decidir quién los gobierna”. Añadió que “no podemos permitir una regresión en nuestra vida democrática”.

¿Cómo interpretar estos hechos? Para empezar, recordemos que las leyes electorales vigentes son reglas del juego que coordinan las decisiones y expectativas de los actores políticos, sean estos votantes, candidatos o líderes partidistas. No debería ser difícil de explicar que los candidatos deben cumplir con las reglas del juego de una democracia constitucional. Y si las reglas no se aplican o si éstas se aplican de manera parcial o discrecional, se debilita la democracia.

El árbitro electoral hizo un llamado a que los actores políticos respeten las reglas que ellos mismos (no el árbitro) redactaron y, en su caso, juraron cumplir al protestar sus cargos. Mismas reglas, por cierto, que les permitieron llegar al poder. ¿Por qué cuando el árbitro recuerda que su obligación constitucional es aplicar las reglas vigentes, incluyendo posibles sanciones, otros actores acusan parcialidad en su contra?

Las campañas apenas comienzan y el agravio del partido en el gobierno es que algunas docenas de sus candidatos no consiguieron el registro por no cumplir ciertos requisitos de ley. El Tribunal Electoral resolverá (esperemos que pronto) si la actuación del INE fue adecuada o no, pero el líder partidista advierte que no permitirá una “regresión democrática”. El Presidente mismo ha descalificado numerosas veces al árbitro (su pecho no es bodega), pero la secretaria de Gobernación pide que el árbitro sea “discreto”.

Por años, desde la oposición, los líderes del PRD, muchos de los cuales ahora militan en Morena, exigieron con ahínco —antes, durante y después de diversos procesos electorales— que se cumpliera la ley, que no se favoreciera a los partidos en el gobierno y que hubiera una cancha pareja en la contienda electoral. Algunos de estos reclamos acabaron reflejados en reformas electorales.

Sin embargo, hoy que son gobierno —que cuentan con la bancada con mayor sobrerrepresentación en décadas, cuando tienen a su disposición financiamiento público y acceso a radio y televisión mucho mayores a los de cualquier otro partido gobernante en los últimos veinte años, cuando aventajan holgadamente en encuestas nacionales—, presionan al árbitro con plantones y amagues retóricos que, en el fondo, parecen exigir un trato especial: que los requisitos de ley, las reglas del juego conocidas y aceptadas por todos al inicio del proceso electoral no aplican a sus candidatos y candidatas.