García Luna o la negación inadmisible

Esta semana fue detenido Genaro García Luna, el otrora secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Se le acusa de recibir sobornos y conspirar con el narcotráfico, entre otras cosas.

El arresto ocurrió en los Estados Unidos, más de siete años después de que dejara su cargo. En caso de ser hallado culpable su condena sería de al menos diez años.

Ante la seriedad de las acusaciones y, sobre todo, por las terribles consecuencias que pudieron tener, es de celebrarse la detención de un exfuncionario de este nivel. García Luna fue un funcionario clave del gobierno de Vicente Fox, con quien lideró la creación de la hoy extinta Agencia Federal de Investigación y, más tarde, como integrante del gabinete de Felipe Calderón, donde fue responsable de la Policía Federal y quizás el principal estratega de la llamada “guerra contra las drogas” que inició en aquel sangriento sexenio.

Preocupa, en primer lugar, la cadena de responsabilidad en torno a García Luna. Ante la gravedad de las acusaciones, ¿existe algún margen para argumentar una negación plausible o admisible? ¿Se puede separar o deslindar a un presidente o gobernador de la responsabilidad –ya sea legal o política– por hechos ilícitos imputados a alguno de sus secretarios? ¿Felipe Calderón puede afirmar de manera convincente que no tuvo nada que ver con las decisiones de su secretario García Luna?

¿Enrique Peña Nieto puede afirmar lo mismo sobre las decisiones de Rosario Robles? ¿Puede un secretario de Estado deslindarse de las decisiones de su oficial mayor?

Este arresto afecta de manera ineludible la credibilidad y reputación del expresidente Felipe Calderón. Si bien el expresidente ha declarado que “desconocía por completo los hechos que se le imputan” a García Luna, y cualquier responsabilidad legal aún está por determinarse, me parece que su responsabilidad política es ineludible: el expresidente lo invitó a su gabinete y, año tras año, mes con mes, convalidó las principales decisiones de su secretario. Por si acaso, su desempeño a lo largo de su mandato, o bien el resultado electoral mismo de 2012 no dejaran lugar a dudas, será muy difícil que el expresidente pueda ser considerado un interlocutor creíble de ahora en adelante.

Si las acusaciones resultan ser ciertas, no podrá negarse algo que propios y extraños sospechan desde tiempo atrás: que el crimen organizado es capaz de infiltrar, cooptar o coludirse con las autoridades gubernamentales del más alto nivel. En las últimas décadas, destacaría los casos del general Gutiérrez Rebollo, o los de algunos exgobernadores o exalcaldes ya habían sido detenidos por delitos similares. Nunca antes un exsecretario de Estado.

Hay, por desgracia, muchas preocupaciones más graves, muchas más preguntas sin respuesta. ¿Qué ocurría antes de García Luna? ¿Qué ha ocurrido después? ¿Por qué alguien como él tardó tanto tiempo, más de siete años, en ser perseguido y detenido? ¿Lo protegía su amplia red de complicidades con el gobierno de Peña Nieto, con las autoridades norteamericanas o quizás ambas? ¿Hay algún colaborador cercano en el gobierno actual? ¿Y en las fuerzas armadas?

¿El Estado mexicano es más o menos vulnerable ante el crimen organizado ahora?

La escalada de violencia criminal, toda una tragedia humanitaria, que se desató durante el sexenio de Felipe Calderón y que no sabemos cuándo se detendrá, ¿fue una guerra contra el narco –el famoso avispero agitado– o, más bien, fue una guerra en la que el Estado mexicano persiguió a unos criminales para favorecer a otros?

La investigación que llevó a García Luna se llevó a cabo en los Estados Unidos, tras la extradición de El Chapo Guzmán.

¿El Estado mexicano tiene la capacidad de investigar delitos de esta envergadura o no hay más remedio que esperar a que autoridades de otros países lo hagan?

De la mano de la estrategia de García Luna llegó una creciente militarización de la seguridad pública.

Esa militarización, que no ha disminuido de entonces a la fecha, ¿es parte de la solución o ya se ha vuelto parte del problema? Corregir todo esto tomará, en palabras de Adrián López Ortiz, “muchos años, muchas vidas y mucho dinero.” ¿Lo estamos haciendo ya?