Fallas legislativas

Una buena receta para evaluar las decisiones políticas o bien las políticas públicas es considerar no tanto sus intenciones expresas —que a menudo pueden no ser más que artilugios retóricos o argumentos sin sustento—, sino por sus consecuencias: a quién benefician o perjudican, cómo y cuándo. Otra buena receta para tratar de entender las decisiones políticas consiste en sopesar no tanto “lo que dicen” los actores involucrados —de nuevo, sus dichos a menudo no son más que retórica para complacer a sus propios partidarios o simpatizantes—, sino por “lo que hacen”. De modo que, para entender la política, en vez de tratar de adivinar las poco observables intenciones de actores que a menudo mienten, quizá resulte más útil tratar de comprender las consecuencias de lo que hacen tales actores.

En un primer acto, una delegada de Morena exhorta a otro delegado de su mismo partido a respetar las reglas y a no ser un mal perdedor. En un segundo acto, algunos panistas acusan a su líder de querer mandar al diablo las instituciones, mientras éste se defiende diciendo que, justamente, lo que quiere es salvarlas. En un tercer acto, el Presidente llama a los legisladores a no anteponer intereses personales a los de la nación, mientras él intenta colocar a un amigo suyo, primero en la Corte y más tarde en la Procuraduría. Todo lo anterior puede ser síntoma de una verdadera crisis política o bien un episodio más del espectáculo con que inicia formalmente el proceso electoral... o ambas.

En los últimos diez días hemos sido testigos de una especie de caos en ambas Cámaras del Poder Legislativo. Senadores de un mismo partido se llaman unos a otros traidores. Otros tantos se aducen como salvadores de la estabilidad del Senado y las instituciones. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, unos legisladores también llamaron a otros traidores o hipócritas, y otros más fueron acusados de berrinchudos o golpistas: caos, parálisis, crisis constitucional, de todo se dijo y escuchó esta semana.

El episodio más reciente es el “pase automático” del procurador en funciones, Raúl Cervantes, hacia la primera Fiscalía General de la República por un periodo de nueve años. La figura de la Fiscalía autónoma, con todo y pase automático, se introdujo en la reforma política de 2014 y fue avalada por una mayoría calificada de ambas Cámaras. En su momento, la reforma contó con el apoyo casi unánime de las bancadas del PAN y una fracción del PRD, con la aclaración de que algunos senadores y diputados se ausentaron de esa importante votación. En aquel momento, esa reforma hubiera beneficiado al entonces procurador Jesús Murillo.

En marzo de 2015, el Senado aprobó la designación de Arely Gómez en la PGR con 104 votos a favor, cinco en contra y una abstención. Ella también pudo haberse convertido en fiscal general. En octubre de 2016, Raúl Cervantes fue designado con 82 votos a favor, tres en contra y una abstención. No hubo discusión alguna. Desde ese momento, todos los senadores y senadoras sabían que el procurador podría volverse el fiscal. Entretanto, la Cámara de Diputados de la Legislatura pasada aprobó una minuta de Ley secundaria de la Fiscalía, a sabiendas de que su aprobación en el Senado de inmediato volvería al procurador(a) en turno en fiscal.

A mi modo de ver, las y los legisladores tuvieron cuatro ocasiones para manifestar con sus votos su desacuerdo con el pase automático. Toca a quienes, en su momento, votaron a favor en todas esas ocasiones explicarnos por qué ha cambiado su evaluación de este importante tema. De otro modo, podrían estar engañando a la sociedad no cuatro, sino cinco o más veces.