#PanamaPapers

Esta semana se dieron a conocer miles de documentos confidenciales de Mossack Fonseca, un despacho ubicado —es un decir— en Panamá. Los documentos de Panamá involucran de un modo u otro a cientos de políticos y funcionarios durante los últimos cuarenta años, incluyendo a 12 presidentes o expresidentes del mundo y decenas de familiares suyos.

Las cifras son estratosféricas: personas cercanas al presidente ruso Vladimir Putin están vinculadas a transferencias de dos mil millones de dólares, por ejemplo. Entre los presuntos clientes de la empresa se encuentran el primer ministro de Islandia, el cuñado del presidente chino, los hijos del primer ministro de Pakistán, el difunto padre del primer ministro inglés David Cameron y Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de grupo Higa, entre muchas otras personas más.

Las consecuencias de esta filtración permitirán comparar tanto los sistemas judiciales como los mecanismos de rendición de cuentas en cada uno de estos países. El primer ministro de Islandia, por ejemplo, renunció tan sólo dos días después de que se diera a conocer que él y su esposa tenían una empresa fantasma en las Islas Vírgenes. 

Es difícil saber si la información filtrada bastará para armar un caso judicialmente sólido contra todos los presuntos implicados: después de todo, ni todas las transacciones reveladas son ilegales, ni todos los países cuentan con fiscales suficientemente autónomos. En su defecto, lo que veremos en las próximas semanas es cómo reaccionan los líderes políticos ante el escándalo de las revelaciones, qué papel juegan los medios de comunicación y la respuesta de la opinión pública de sus respectivos países.

Hace años, el presidente estadunidense Richard Nixon renunció ante la amenaza de enfrentar un juicio político tras el famoso escándalo de Watergate. Hoy por hoy, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, enfrenta un dilema similar: un creciente clamor, tanto en las calles como en el Congreso —donde su partido ya no cuenta con apoyo mayoritario— para que renuncie. Su defensa, como la de muchos otros casos en el pasado, es que las acusaciones en su contra en realidad representan intereses golpistas. ¿Será?

¿En qué medida un escándalo mediático como los Panama Papers funciona como mecanismo de control político? Los economistas Aymo Brunetti y Beatrice Weder estudiaron la relación entre libertad de prensa y corrupción en el mundo y encontraron una relación negativa: a mayor libertad de prensa, menores niveles de corrupción. Contar con prensa o medios libres e independientes, argumentan, es un eficaz mecanismo de control contra los abusos de poder de los gobernantes. Con medios libres e independientes, un periodista tiene claros incentivos para investigar y exponer conductas sospechosas o corruptas, y con ello proveen información valiosa para el electorado. Por otro lado, si los medios no son libres o están controlados –ya sea por censura, amenazas, contubernio o tener una estructura oligopólica—, entonces la clase política se sabe a salvo de la amenaza de un escándalo mediático.

Si bien la relación entre libertad de prensa y corrupción parece estar bien documentada, los mecanismos subyacentes no son del todo claros. Puede ser que la libertad de prensa represente para los gobernantes una amenaza creíble de escándalos electoralmente costosos. Por otro lado, puede ser que los escándalos detonen investigaciones judiciales que hagan a los gobernantes pensarlo dos veces antes de corromperse. O quizá los estados democráticos de derecho promuevan, al mismo tiempo, tanto la existencia de prensa libre como de controles contra la corrupción.