Congreso crispado

El obligado cambio de la agenda mediática, por los casos Culiacán y LeBarón, vino a subrayar la preponderancia que la confrontación presidencial tiene en el ejercicio del poder. 

Más frontal que nunca, el Presidente López Obrador no sólo se ha endurecido con la oposición, sino también con sus críticos, sean políticos, activistas, representantes de medios de comunicación, generales del Ejército o compañeros de su partido.

Así que en medio de la coyuntura crítica de seguridad, el gobierno de la Cuarta Transformación dobló su apuesta de que los cambios formulados son los correctos y van bien. Y apretó el paso para sacarlos adelante, bajo la premisa de no ceder en nada ni con nadie.

Esta actitud explica el portazo a los alcaldes que reclaman corregir la austeridad presupuestal que les depara el 2020, la advertencia presidencial de la inviabilidad de cualquier pretensión golpista y el reconocimiento de que la prensa cuestionadora es vista como adversaria.

Es en este contexto que deben dimensionarse los enfrentamientos legislativos que esta semana atestiguamos en el Senado y en la Cámara de Diputados, donde los coordinadores parlamentarios de Morena afrontan la presión de sacar adelante complicados encargos, aun cuando concretarlos signifique elevar la crispación.

El caso de la elección de Rosario Piedra Ibarra como próxima presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ilustra el endurecimiento de las apuestas de Andrés Manuel López Obrador al inclinarse por una figura de militancia morenista que generaría el rechazo de la oposición y de la élite militar.

Y es que antes del jueves negro de Culiacán, se consideraban viables las candidaturas de Arturo Peimbert y de José de Jesús Orozco para el relevo, toda vez que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, había venido privilegiando la construcción de consensos en otros nombramientos y en las reformas de la Guardia Nacional y la revocación de mandato.

Pero después del 17 de octubre, la instrucción desde Palacio Nacional fue sacar adelante a la hija de la luchadora social que mejor simboliza el recordatorio de los años de la represión política a cargo de las Fuerzas Armadas.

La encomienda presidencial puso en evidencia el oficio político de Monreal que, según sus propias palabras, logró sumar “a la buena”, dijo, el voto de senadores del PRI, PAN y PRD.

Fue un cabildeo que dejó al descubierto la fragilidad de la oposición, sea porque algunos de sus legisladores cargan con situaciones que podrían judicializarse, o porque los incentivos de viajes, cargos o iniciativas aprobadas se encuentran en la Cuarta Transformación.

Pero también se trató de un éxito de altos costos políticos porque al alterarse el código de acuerdos que se tenía en el Senado, vino una crispación que mancha el nombramiento de la futura presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la denuncia de fraude y agrieta el liderazgo parlamentario de Monreal con el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. 

Si bien suena imposible que prospere el reclamo opositor de revisar la votación del jueves, el pleito escaló al grado de que su homólogo panista, Mauricio Kuri, acusa al senador morenista de espionaje. 

Se trata de un encontronazo mediático que acaparó la conversación digital.

Y, sin embargo, no fue la única ni la más importante pelea legislativa de la semana.

Lo relevante es que la crispación se manifestó entre morenistas en la Cámara de Diputados, donde Lidia García le echó a perder a su coordinador, Mario Delgado y a la Secretaría de Hacienda, la aprobación de la Ley de Instituciones de Crédito, conocida como la Ley Nieto.

Al sacar adelante  –con sus compañeros y la oposición– la reserva que quitaría atribuciones a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la extinción de dominio sin la orden de un juez, la hidalguense ventiló el malestar de los legisladores de la Cuarta Transformación por el impulso de medidas contrarias a sus representados.

Porque esa rebelión con la línea gubernamental fue el preámbulo de lo que sucedió el jueves en Palacio Nacional, cuando diputados de Morena y del PES le expusieron a López Obrador su inconformidad por el maltrato gubernamental, el daño que la austeridad le está haciendo al campo, el desorden y falta de transparencia en los padrones de los programas sociales y las fallas en la entrega de becas y apoyos diversos.

El Presidente, cuentan quienes ahí estuvieron, no concedió razón a los inconformes. Y, molesto, les aplicó a la etiqueta de conservadores y una fría despedida.

Y aunque de ese tenso y privado intercambio no hubo registro público, esa fue la mayor crispación legislativa de la semana.

Fue además una imagen preocupante para quienes desde la 4T quisieran ser escuchados y recuperar, para el primer aniversario del gobierno, el ahora desdibujado buen humor de su admirado líder.