Otra vez, las mujeres…

Por Carla Erika Ureña

El excandidato presidencial por la coalición PAN-PRD, Ricardo Anaya, denunció en días recientes el uso faccioso de instituciones como la FGR como una maniobra desde el poder para eliminar toda posibilidad de que pueda volver a contender por la Presidencia para el periodo 2024-2030. Denuncia por demás grave, más si consideramos que no es la primera vez que ha sufrido la persecución del Estado como contendiente político. Probablemente ya se estableció en Estados Unidos en un exilio autoimpuesto que ha anunciado. Mientras, dos mujeres, Alejandra Cuevas Morán y Rosario Robles Berlanga se encuentran recluidas en Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, debido en gran parte a la manipulación de expedientes y la creación forzada de documentos y figuras legales que sostengan su reclusión por parte de las autoridades ministeriales y judiciales.

Dados los antecedentes de estos dos casos, no es posible dudar de la denuncia pública de Anaya. Y es que la historia de los procesos judiciales que enfrentan ambas mujeres dan más que prueba de que la justicia en México hoy es una cuestión de voluntad y venganza política, más no el resultado de la aplicación objetiva de la misma.

Alejandra Cuevas Morán es hija de Laura Morán, quien fuera pareja sentimental del finado Federico Gertz, hermano del hoy fiscal; Alejandra enfrenta en prisión un proceso penal acusada del delito de homicidio por omisión en los debidos cuidados cometido en contra de Federico. Las autoridades ministeriales encargadas de la integración de la carpeta de investigación del caso, forzaron mediante documentación y declaraciones de testigos falsos, la figura de guardián de la salud en la persona de Cuevas, luego de que a partir del 2018, dos jueces de control negaron la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y Gertz en su calidad de denunciante, por falta de elementos para comprobar la responsabilidad de Alejandra, aunado al hecho de que los mismos médicos encargados de la salud de Federico declararon que en ningún momento habían tratado con ella como encargada del estado de salud del finado. Cuevas contaba con la suspensión definitiva en contra de toda orden de aprehensión cuando fue detenida por la policía ministerial el 16 de octubre del 2020. Quien había fungido como su abogado por 5 años para su defensa, había renunciado a la misma apenas dos semanas antes, luego de que recibiera amenazas y en contra de su familia de persistir en el encargo.

El caso de Rosario Robles tiene también elementos de abuso, arbitrariedad e ilegalidad en la actuación de las autoridades. Acusada de dos delitos no calificados de graves por la ley, ambos por ejercicio indebido del servicio público, se encuentra presa desde el 13 de agosto del 2019. El primer juez que conoció del asunto, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, guarda un parentesco cercano con Dolores Padierna, con quien Rosario ha sostenido enfrentamientos en lo político. Este juez no sólo ordenó la prisión preventiva oficiosa en contra de Robles por delitos que, de acuerdo con la ley, no lo ameritan, y habiendo obtenido un amparo en contra de la resolución que ordenaba su reclusión, dio entrada a una licencia para conducir supuestamente tramitada para justificar la falta de arraigo de Robles  en la CDMX y en consecuencia, su reclusión como medida cautelar.

La defensa y Rosario han objetado esa licencia de conducir ante los tribunales y los medios. Robles sigue presa. Ella escribió una carta publicada en su cuenta de Twitter el 11 de agosto: “A mí que di la cara, que me presenté, que estoy acusada de un delito menor, me aplicaron la cárcel. Entonces, ¿es mejor huir?”. Al parecer, Anaya tiene la respuesta. Hoy en México, la aplicación de la ley es un capricho personal alejado de toda justicia. Y porque hoy, nadie levanta la voz ni por Rosario, ni por Alejandra.

  Twitter: @CarlaEUrenaA