Frentes Políticos

1.  Esperanza minúscula. La Cámara de Diputados aprobó el desafuero en contra del diputado Saúl Huerta Corona, acusado por la Fiscalía de la Ciudad de México de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado en contra de un menor de edad y un adulto. Aunque Morena votó en congruencia, por la justicia y la verdad, la tardanza en el proceso y la protección entre legisladores es inocultable. ¿Servirá de algo que 113 días después de denunciarse el delito aprueben el desafuero? “Hoy demostramos congruencia”, presumieron los morenistas. Por lo pronto, no se sabe de su paradero. Ahora toca a las autoridades de la CDMX seguir con el proceso. Ahí comienza el problema.

2. Al pizarrón. Llegó la hora de entregar cuentas  en Campeche y Carlos Miguel Aysa se apresta a maquillar los datos. La revisión del informe del gobernador inició con las comparecencias de los secretarios del gabinete estatal. Uno a uno se presentarán para ser cuestionados por los diputados del Congreso local. El diputado Rashid Trejo precisó que estarán pendientes de cada detalle, sobre todo ahora que iniciará el proceso de entrega-recepción. “Hay rubros que no están muy bien definidos, que no han dicho en qué se ha gastado el recurso”, reveló. Tienen hasta el 15 de septiembre para dejar en orden los libros contables. O la historia se los reclamará.

3. Pizca de humanidad. María Dolores Ravelo, madre de José Eduardo Ravelo Echeverría, joven quien supuestamente falleció por lesiones ocasionadas por policías municipales de Mérida, Yucatán, salió decepcionada de la reunión que sostuvo con el alcalde Renán Barrera. Expresó que, a pesar del ofrecimiento de la reparación del daño, nada le devolvería la vida de su hijo. “Me dijeron que querían reparar el daño, quiero pensar que lo que me iban a proponer era darme dinero y lo que menos me interesa es eso”. Barrera pretendía lograr un acuerdo en el que la madre del fallecido se desistiera de la solicitud de justicia, y al no lograrlo, hubo un desacuerdo, incluso entre el alcalde y el abogado de la señora. ¿Protege a sus policías a billetazos, alcalde? Mal hecho.

4. Por sus fueros. La Segunda Sala de la SCJN desechó el recurso de reclamación presentado por el Congreso de Baja California, por la suspensión otorgada a jueces y magistrados de la entidad en contra de la reforma judicial promovida por el gobernador Jaime Bonilla. De esta manera, se mantiene congelada la aprobación del decreto 110, con el que Bonilla pretendía mantener control en el Poder Judicial del estado, en tanto la SCJN resuelva si es o no constitucional. El gobernador logró modificar 22 artículos de la Constitución local para desaparecer el Consejo de la Judicatura de Baja California. Así, se atribuyó las facultades para remover a magistrados numerarios y modificar el procedimiento en el nombramiento de integrantes del Poder Judicial estatal. Qué ironía: poder absoluto a quien no lo sabe aplicar.