Sale de la cárcel una presa política, la sustituyen con otro preso político

Se cumplió lo que adelantamos ayer en este espacio: Jesús Murillo Karam fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República por el caso Ayotzinapa, ocurrido hace casi ocho años.

Los delitos que se le imputan son gravísimos: Desaparición forzada, tortura y obstrucción en la administración de justicia. Lo detuvieron en su domicilio. No opuso resistencia. Colaboró con las autoridades, dice el comunicado de la FGR.

El arresto se produce en un ambiente de polarización extrema en tiempos preelectorales. 

Eso nos da derecho a sospechar que se trata más de un tema político que de justicia.

Se usan los instrumentos de procuración de justicia para cosechar aplausos de la población en un tema que le duele a los mexicanos.

En la masacre de los normalistas participaron directamente policías municipales de Iguala y otros municipios de Guerrero. Entregaron a los muchachos a delincuentes de la organización de Guerreros Unidos que los creían integrantes de la banda de Los Rojos.

A destacar que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, era del PRD, partido al que entonces pertenecía López Obrador. Abarca sigue preso, al igual que el entonces jefe de la Policía municipal Felipe Flores.

El caso, hay que subrayarlo, no ha sido resuelto. No se le puede dar carpetazo con la detención de Murillo y proclamar: ¡Cumplimos! Falta que al exprocurador le prueben las acusaciones en un debido proceso. Una y otra vez Encinas y compañía han descalificado la verdad histórica, pero nomás no aclaran cómo fueron ejecutados los normalistas y dónde están sus restos.

Hay que hacer notar que el de Murillo no es un caso aislado. Allí está el panista Ricardo Anaya. Si no hubiese puesto los pies en polvorosa ya estaría en la cárcel. 

O el de Alito Moreno, a quien le cumplieron la amenaza de que, si la bancada del PRI en San Lázaro no votaba por la reforma eléctrica, se le iban a ir con todo.

La Fiscalía de Campeche ya pidió el desafuero del diputado federal del PRI y dirigente nacional de ese partido, por “enriquecimiento ilícito’’.

* Del tema hablamos con el diputado del PAN Santiago Creel, quien formó parte de la mesa del Pacto por México, donde hace ocho años se discutió ampliamente la barbarie en Iguala.

Fue prudente: “No tengo los elementos del caso en detalle, pero todo indica que puede ser un tema de origen político en un contexto de polarización extrema”, nos dijo. 

Guadalupe Acosta Naranjo, expresidente nacional del PRD, por el contrario, se fue con todo: “Ésta es una terrible injusticia que sólo trata de ocultar el fracaso de la investigación y las mentiras que ha generado la 4T sobre el tema”.

Acosta hizo notar que no hay nada nuevo en el informe que precedió a la captura de Murillo. “Lo único que hace es validar, en lo esencial, la verdad histórica, según la cual los 43 normalistas fueron secuestrados y ejecutados, “Jesús es ahora un preso político”, sintetizó.

El exjefe nacional del PRD dice también que, a pesar de que el informe es duro con los militares asignados en ese entonces a la región, protege a altos oficiales de las Fuerzas Armadas. “¿Tú dime, a quién van a agarrar?”, preguntó, al tiempo que recordó que el jefe de la Marina en la región donde ocurrió la masacre es el actual titular de la Semar, almirante José Rafael Ojeda Durán.

* El PRI coincide en que la detención responde más a un tema político que a la justicia. En un comunicado, el CEN del tricolor hace énfasis en que esta acción no da respuesta a las familias de las víctimas. 

“Esperamos que las autoridades dejen de ejercer acciones selectivas y den con los responsables materiales de los hechos. Hoy al gobierno de Morena le sirve irse contra el exprocurador. Mañana será contra cualquier opositor o ciudadano que les incomode”, vaticina.

Y remata: “Nuestro respaldo absoluto a él. No nos quedaremos callados ante un gobierno que utiliza el aparato del Estado en contra de opositores”.

En lo individual platicamos con el senador priista por Guerrero, Manuel Añorve. Sólo pide que a Murillo se le respete el debido proceso y que no se politice la justicia ni se judicialice la política.

El senador Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación cuando la barbarie de Iguala, no había fijado postura, a pesar de que los fans del obradorismo piden su cabeza en las redes sociales. Está obligado a pronunciarse.

Finalmente, el exdiputado federal del PRD, Fernando Belaunzarán, puso un tuit que nos llamó la atención:

“Mientras los asesinos salen de prisión (El Gil, jefe de los sicarios de Guerreros Unidos, es testigo protegido y está libre), López Obrador detiene a quien los detuvo.

“La detención de Murillo Karam es un acto de propaganda que demuestra la falta de principios y escrúpulos de López Obrador”, puntualizó.

* Cierro la columna con una muy buena noticia. Rosario Robles, por fin dormirá en su casa, luego de pasar tres años y días en la cárcel de Santa Martha Acatitla, por un delito que no ameritaba prisión preventiva: ejercicio indebido de la función pública. Llevará su proceso en casa, pero tiene que firmar periódicamente y no puede abandonar el país.