Viejas prácticas, nuevos protagonistas

Vistas las cosas hasta el momento, no hay buen escándalo de corrupción sin su respectivo video. Grabar actos ilegales opera como una póliza de seguro… de seguro escarnio para los que se dejan corromper con futuro incierto para los que corrompen. Se puede librar la cárcel, pero no el escándalo. Y éste, finalmente, entierra carreras políticas.

El audio también es útil, pero la mezcla de sonido e imagen es mucho más contundente. Incluso llega a ser letal. En ciertas novelas policiacas los detectives solicitan, grabadora en mano, permiso para registrar lo que dirán sus interlocutores. Como de repente alguno que otro no da su consentimiento, el sagaz investigador enciende una segunda grabadora oculta en el bolsillo de su gabardina. Más vale pájaro en mano.

Sin embargo, en la era de los gadgets la situación se ha tornado crónica. Si con potentes celulares se han hecho películas premiadas con el Oscar, ahora cualquier simple ciudadano está en posibilidades de grabar encuentros sin el visto bueno “del otro”, porque, de cualquier manera, puede que “ese otro” ejecute la misma idea.

Se graba a jefes cascarrabias y se les genera un archivo que, en el momento oportuno, va a parar a los departamentos de recursos humanos. Se graba a los que cometen adulterio con el propósito de chantajearlos. Se graban ejecuciones del crimen organizado, así como advertencias a organizaciones rivales o autoridades de todos los niveles.

Emilio Lozoya prometió evidencia visual y la 4T alistó el foro. Es impresionante que la cabeza a la que le tocó capotear la, digamos, etapa inicial de los video escándalos en México, por allá de 2004, ahora sea la que gestione la principal agenda del país. René Bejarano, exhibido “en vivo” en un noticiario matutino de televisión abierta al momento de recibir una maleta de dinero del empresario Carlos Ahumada, pudo representar una piedra en el zapato de Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, pero finalmente en nada lastimó su necedad de convertirse en presidente de la República. Lo mismo el caso de Gustavo Ponce, secretario de Finanzas del DF, captado en una mesa de un casino exclusivo de Las Vegas, con un generoso habano y un vaso jaibolero sudado a un lado, en un acto que no se antojaba lógico. Todo fue un complot, se encargó de decir López Obrador una y otra vez hasta que ambos personajes quedaron en el llano recuerdo.

Ahora que la novedad son un par de videos del hermano del Presidente con bolsas de dinero para la campaña electoral de Morena, veremos qué tanto hieren esos dardos al residente del Palacio Nacional y, sobre todo, habrá que estar pendientes de las investigaciones de las autoridades competentes.

Como sea, Lozoya, utilizado por el peñanietismo, según ha acusado, y utilizado ahora por la 4T, espera un milagro judicial. El exdirector de Pemex ya ofreció lo que, aparentemente, es el aperitivo de lo que viene. Dos colaboradores “menores” del Senado con pesadas bolsas de plástico con papel moneda para comprar el voto de legisladores a las reformas propuestas por Enrique Peña Nieto. Se trata de viejas prácticas con nuevos protagonistas. En este país, la corrupción tiene su arraigo. “Nadie aguanta un cañonazo de 50 mil pesos”, es una frase que se le atribuye al general Álvaro Obregón.

Quizás Emilio Lozoya esté jugando con fuego, porque están por verse, asimismo, las implicaciones en su calidad de testigo colaborador. Expertos se han referido al debido proceso que su caso amerita. Nunca olvidaré lo que nos dijo la maestra del curso de Nociones de Derecho Positivo Mexicano que, a inicios de los años 90, tomé en la Prepa 6: “Con la debida reserva, muchachos, el abogado que dice la mejor mentira es el que gana el juicio”. En ese entonces, en materia de impartición de justicia, pensé que eso era México. Ahora pienso que los avances no han estado a la altura.

Finalmente, nadie quiere que los criminales que nos fustigan, los de la calle y los de cuello blanco, tengan su debido proceso, porque la fantasía popular es que sus carnes se chamusquen en leña verde, por más que haya Comisión Nacional de Derechos Humanos, con todo y la piedra que pusieron ahí. Ocurre que a todo debido proceso le corresponde, inexorablemente, su debida indignación.