Transexenal

En medio de sismos, huracanes, grillas y revelaciones de millonarios fraudes, dentro de una intensa agenda informativa previa a las fiestas patrias, una noticia importante se abrió paso no tan ruidosamente.

Firmada por Vanessa Alemán y Tania Rosas, la portada de Excélsior del miércoles 13 de septiembre dio a conocer que el presidente Enrique Peña Nieto envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a la Ley de Planeación, con la que busca dar continuidad a las reformas estructurales aprobadas en este sexenio.

La intención es que estos cambios de “gran calado” estén incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo de quien resulte ganador en la elección presidencial de 2018. Incluso, de acuerdo con la nota, este documento deberá incluir consideraciones y proyecciones a por lo menos 20 años. En ese contexto plantea contemplar los objetivos generales de largo plazo que se establezcan en tratados y leyes federales.

Dos de las reformas del gobierno de Peña Nieto encuadran dentro de esta pretensión de trascendencia: la Energética y la Educativa. Ambas trazaron metas que requieren años de paciente cultivo antes de que se vean sus frutos.

Es comprensible que el actual gobierno pretenda dejar “amarrada” su aplicación, sin que eso necesariamente se entienda como que su partido ya dé por perdida la batalla electoral del próximo año.

En particular, ha sido recurrente la insistencia del secretario de Educación, Aurelio Nuño, de que un cambio de gobierno podría echar por la borda un proyecto pedagógico que necesariamente requiere varios años para cuajar. Así, una forma de protegerlo de los vaivenes electorales es comprometer al siguiente gobierno, sea del signo que sea, a no dejarlo trunco y consolidar la cuantiosa inversión que ya ha significado, tanto económica como políticamente.

El asunto tiene muchas aristas. Primero, ya se verá si los partidos representados en el Congreso están en el ánimo de discutir esta reforma justo cuando están en su apogeo las negociaciones para definir candidaturas a los puestos de elección popular a disputarse el año que entra.

Al menos como se han perfilado las grillas en estos días, el único asunto al que con toda seguridad se abocarán los partidos representados en el Congreso es el paquete económico, y eso porque no les queda de otra. No sólo están obligados por los tiempos legales, sino que ahí se definirá cuánto dinero invertirán en campañas. Y frente al resultado tan disputado que se anticipa en las urnas, cada peso cuenta.

Ahora bien, suponiendo que decidieran entrarle a este toro, se sobrevendría un intenso debate sobre las formas de entender el ejercicio de la política. Una de ellas es el derecho de un gobierno a garantizar que su legado tendrá continuidad y a defender que ésta es una manera de darle a la nación un proyecto de largo aliento, no una mera ocurrencia para ganar aplausos de momento. De ganar esta visión, y si efectivamente las reformas estructurales resultaran lo que se prometió, se daría la paradoja de que quien cosechara sus beneficios fuera el partido que en su momento se opuso a aprobarlas.

Pero, por otra parte, esta pretensión de amarrar las manos al futuro Presidente y al futuro Congreso es contraria al espíritu democrático de la competencia. Es decir, si gana una fuerza opuesta al PRI, esto significa que el pueblo rechaza los frutos generados por el gobierno emanado de ese partido y, por tanto, está en su derecho de echar abajo sus programas.

Lamentablemente, un ejemplo de cómo opera esta regla de oro democrática lo estamos viendo justo en nuestro vecino del norte. Durante ocho años, Barack Obama intentó construir un legado basado en una visión liberal de la política, que fue duramente combatida por quien terminó siendo su sucesor, Donald Trump. Era de esperarse que éste hiciera todo lo posible por desmantelar su obra.

¿Esto significa que el gobierno del demócrata fue tiempo y dinero perdido? Desde una perspectiva, quizá sí. Pero ése es el precio que hay que pagar para tener la garantía de que ningún partido, por bienintencionado que parezca, pueda imponer su visión para toda la vida. La alternancia es costosa, pero no es más cara que el autoritarismo.

Confieso que me gustaría ver a los partidos entrando a un debate de fondo sobre la necesidad de generar proyectos de nación de largo plazo. Significaría que prevalecería una visión de Estado más allá de estrategias oportunistas o convenencieras.

Pero no tengo motivos para el optimismo. El arranque del año electoral tiene a todo el mundo ocupado por ver qué candidatura agarra o con quién se acomoda. Es una lástima, pero lo único que en este país tiene consistencia transexenal es perseguir el hueso.

Twitter: @Fabiguarneros