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100 días

Fabiola Guarneros Saavedra

Fabiola Guarneros Saavedra

Mensaje directo

En estos primeros 100 días —que se cumplen hoy exactamente—, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya esbozó la ruta política por la que correrá su administración, ya dio pautas de la relación que tendrá con los ciudadanos y ya ha demostrado que lo prometido durante su campaña serán hechos, a pesar de los costos económicos, sociales, y de la polarización de la sociedad.

Hagamos un breve recuento de las acciones: cancelación definitiva del aeropuerto en Texcoco, luz verde para el Tren Maya, combate al robo de combustibles (huachicoleo), creación de la Guardia Nacional, rediseño de la administración pública federal, disminución de la burocracia y reducción salarial (nadie puede ganar más que el Presidente), retiro de las pensiones de los expresidentes, desaparición del Estado Mayor, apertura al público de Los Pinos (Residencia Oficial), designación de los delegados del gobierno federal en los estados (superdelegados), nombramientos en órganos autónomos y en la Corte.

Ha cumplido con lo que prometió en campaña, pues puso en marcha los programas sociales. El Presidente es quien entrega en sus giras por el país los recursos, apoyos o becas, a los jóvenes, ancianos y a las personas con discapacidad. También, a través de las Secretaría del Trabajo y Bienestar, fluyen los apoyos económicos de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y Tandas para el Bienestar.

No sólo está cumpliendo su palabra, está imprimiendo el sello de su administración: no habrá intermediarios, ni organización de la sociedad civil, ni fundación que pue-da interponerse entre el mandatario y el ciudadano (potencial votante).

En estos 100 días se han tomado decisiones y enviado iniciativas o señales que han provocado el enojo de diversos sectores de la población, que han incomodado y atizado la polarización.

Una de ellas es la nueva reforma educativa, que ha causado polémica por la desaparición de derechos ya consagrados en el artículo tercero de la Constitución, como el derecho de la primera infancia a la educación inicial. En la propuesta que se analiza en la Cámara de Diputados se elimina la educación incluyente de los niños y niñas con discapacidad, y se saca del texto la palabra “aprendizaje”, que garantiza el derecho de los menores y de los docentes a contar con planes, cursos y estrategias para su eficaz aprendizaje. No basta con sólo garantizar el acceso al plantel educativo.

La decisión de desaparecer el programa de estancias infantiles para sustituirlo por la entrega directa del recurso económico a las madres trabajadoras, pegó a uno de los sectores más importantes de la población: las mujeres. (Si quiere leer más sobre este tema le recomiendo la columna que escribí en Excélsior el 10 de febrero).

La protesta de esas mujeres (muchas de ellas madres solteras o jefas de familia) y el apoyo obtenido por diversas organizaciones tuvo consecuencias mayores, el retiro del dinero del gobierno federal a las llamadas ONGs y fundaciones, acompañadas del descrédito o la acusación de corrupción.

Los refugios (tema de esta columna del pasado domingo 3 de marzo) fue otro asunto que propició marchas, pronunciamientos y campañas en redes sociales. La propuesta fue la misma: entregar el “recurso” directo a la mujer golpeada, violada o amenazada de muerte y cerrar los refugios. Hasta el día número 100, la decisión del gobierno federal fue meter reversa a esa intención, gracias a la unión de todas las organizaciones que defienden y velan por los derechos a una vida digna y sin violencia para las mujeres. Su voz se escuchó, no así en el tema de las estancias.

En la antesala del día 101 hay dos prioridades para el gobierno federal: seguridad y la creación de un sistema de salud público, que elimine definitivamente al Seguro Popular. Asuntos muy sensibles e importantes para la población, y el éxito dependerá del diseño de la estrategia. Por ejemplo, el aliciente para la delincuencia y el crimen es la impunidad.

Y en el tema de la salud no se podrá cumplir con el objetivo de democratizarla, si no se reparan las fallas, omisiones y carencias de los actuales sistemas. Antes de dar de baja el Seguro Popular habrá que equipar con personal médico, infraestructura y medicamentos a las clínicas y hospitales del IMSS, ISSSTE y de la Secretaría de Salud, de lo contrario la saturación y calidad del servicio será agobiante para el ciudadano mexicano.

No cabe duda, 100 días intensos y los que vendrán…

 

Twitter: @Fabiguarneros

 

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