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La igualdad de género y la seguridad nacional

Esther Shabot

Esther Shabot

Catalejo

La frase “por motivos de seguridad nacional” se ha convertido en uno de los caballitos de batalla más recurridos últimamente. Sobre todo, cuando desde el poder político se intenta imponer medidas que de alguna manera violan normas constitucionales o de respeto a los derechos humanos. En esto Trump ha sido un caso ejemplar. Por “motivos de seguridad nacional” impuso un veto a la llegada a Estados Unidos de ciudadanos musulmanes de determinados países, intentó extorsionar al Congreso para obtener fondos para su muro —vital, según él, para la seguridad nacional de nuestro vecino del norte— y ha mantenido infames campos de concentración para los migrantes que tocan suelo norteamericano, con el agravante, en términos humanitarios, de la cruel separación de las familias en que ha incurrido.

También en México hemos estado presenciando argumentos parecidos, por ejemplo, con la llamada Ley Garrote, ya que una de las justificaciones para su imposición es la de salvaguardar la seguridad de instalaciones fundamentales para la nación, léase, la proyectada y polémica refinería de Dos Bocas, en Tabasco. “Seguridad nacional”sirve pues, para lo que sea, todo consiste en declarar, enfáticamente y desde la cúspide del poder político que tal o cual situación atenta contra ella.

Y eso precisamente pasa aún ahora, en pleno siglo XXI, con el tema de la igualdad de derechos para las mujeres en un país como Arabia Saudita, que representa sin duda un caso extremo, pero que, sin embargo, puede ser ilustrativo de cómo el concepto de “seguridad nacional” puede servir para justificar cualquier cosa, todo depende del interés particular del gobierno o del dictador en turno y de la incapacidad del sistema en cuestión para defenderse y evitar tales abusos. 

En el reino saudita, la llamarada de petate que fue el permiso otorgado el año pasado para que las mujeres pudieran —al fin— conducir automóviles, medida que dio momentáneo brillo a la gestión de Mohamed Bin Salman antes de que su estrella cayera por el caso del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, fue seguida por un backlash, una fuerte reacción en sentido contrario, que no sólo ha provocado un aumento de la censura en medios de comunicación y en redes sociales, sino que ha llegado al extremo de arrestar y aun someter a abusos y torturas a activistas en pro de la liberación de las mujeres del tutelaje al que están sometidas de por vida. Porque hay que recordar que en ese entorno, ninguna mujer, a ninguna edad y de ninguna condición socioeconómica puede educarse, trabajar, viajar al extranjero y casarse, sin el permiso de un hombre de su familia, ya sea su padre, hermano, tío o hijo.

La argumentación para justificar la inclemente represión a la que son sometidas muchas de las activistas del feminismo no se mantiene ya más, como fue en el pasado, anclada en acusaciones de pretender occidentalizar al país y traicionar los valores inherentes a la cultura islámica ancestral. Ahora, ante la elevación de la amenaza que para el sistema patriarcal autoritario significan los recientes avances en el tema de igualdad de género, hubo que elevar en el discurso oficial el grado de peligro que presuntamente representan los cambios exigidos.

El activismo de las mujeres que osan manifestar su inconformidad con el statu quo es equiparado así ahora con el que desarrollan redes terroristas del tipo del Estado Islámico o ISIS, con lo que quienes están involucrados en movimientos contestatarios de corte feminista han pasado a constituir, ni más ni menos, criminales que representan una amenaza a “la seguridad nacional”. ¿Cómo se explica esa preocupante amenaza? Muy fácil: la militancia feminista está infiltrada por elementos foráneos hostiles y por miembros de minorías problemáticas, los cuales usan a la causa feminista como instrumento útil para poner en práctica su malévola estrategia orientada a afectar los intereses nacionales y la seguridad del reino.

Con esa perspectiva, el enjuiciamiento de las y los rebeldes adquiere otro cariz, ya que ahora pasan a otro ámbito jurídico, al del combate al terrorismo, con toda la dureza que eso implica. Si se pensaba que con el permiso para conducir y para asistir a espectáculos deportivos las mujeres en Arabia ya habían superado buena parte de su sometimiento, el rumbo que han tomado las cosas en el último año, no parece corroborar esa suposición.

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