El adiós a Dilma Rousseff

En 1992, Fernando Collor de Mello, antes de ser destituido por el Senado, renunció a la presidencia brasileña en el marco de una aguda crisis económica y política, y de un clamor popular para que se fuera. Enfrentaba graves acusaciones de corrupción, y su renuncia no evitó que fuera inhabilitado para ocupar cargos públicos durante ocho años. En 1994, el Tribunal Supremo desestimó las acusaciones en contra de Collor de Mello, quien siempre dijo que fue víctima de un “complot”, y en el 2006 resucitó políticamente cuando fue electo para el Senado.

Durante el gobierno de Lula, el senador Collor participó en las investigaciones de corrupción en Petrobras, y pasó de inculpado a acusador, como ahora, nuevamente en el Senado, tomó parte en el proceso de impeachment de la presidenta Dilma Rousseff.

En una historia similar, 24 años después, la presidenta Dilma Rousseff fue acusada de violar normas fiscales, de realizar maniobras contables ilegales para maquillar las cifras del déficit presupuestal en 2014 y 2015, y con base en ello elevar el gasto, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, que le sirvieron para su reelección. En septiembre de 2015, se solicitó el juicio político a la Presidenta; el 17 de abril de 2016, la Cámara de Diputados votó por hacerlo, y ayer el Senado ratificó la votación contra Rousseff. La Presidenta dejará el cargo por 180 días, mientras se desarrolla el proceso, y queda en su lugar el vicepresidente Michel Temer. De ser declarada culpable, quedará inhabilitada por ocho años.

Desde un principio, Rousseff negó esas acusaciones, y adujo que para el impeachment debe existir “crimen de responsabilidad y aquí no hay”, y por ello califica su caso como una conspiración o “golpe de Estado constitucional”, orquestado por el vicepresidente Temer y por el líder de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien ya fue inhabilitado de su cargo por obstruir las investigaciones de la Operación Lava Jato, que lo involucra en el escándalo de corrupción en Petrobras, así como a cientos de políticos de todos los partidos, empresarios, etc. Por esa razón, Rousseff descalifica la legitimidad de sus acusadores y reitera su inocencia de los cargos que le achacan.

Comparadas con el saqueo a Petrobras, las imputaciones a Rousseff parecen endebles, facilitando su victimización, pero el desbarranco político, económico y social de Brasil no puede ocultar la responsabilidad que tiene en ello (y en esa perspectiva debe verse el juicio político), principalmente por su: 1) inexperiencia y arrogancia, que la enemistaron con sus aliados políticos, quebrando a la coalición gobernante; 2) incapacidad para enfrentar la caída de los commodities, la recesión económica y la crisis social; 3) complicidad o encubrimiento de la corrupción, sobornos, desvíos, etc., que enloda a ministros de su gobierno, políticos de su partido, incluyendo a Lula, a quien intentó proteger pese a las acusaciones en su contra, por lo que Rousseff estaría obstruyendo la justicia.

Endebles o no las imputaciones, millones clamaron por la salida de Rousseff, quien es responsable de dividir al país y sumirlo en una de las peores crisis de su historia.

Cuando renunció Collor de Mello, se dijo que era en bien de la democracia. En cambio, como Rousseff es de izquierda, su juicio es visto como “un golpismo” y un “atentado a la democracia”, no obstante los perjuicios que su desgobierno y su aferro al poder han ocasionado a Brasil, a la economía sudamericana y a la turbulencia financiera internacional.

ENTRETELONES

Prolongan conflicto artificial en el IPN para empatarlo con el de la CNTE.