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Posponen atención a otros problemas…

Enrique Aranda

Enrique Aranda

De naturaleza política

Al margen el altísimo costo que para la economía y la estabilidad social, así como para la imagen del país a nivel internacional y la del propio Andrés Manuel López Obrador tiene ya la “torpe” manera en que, a decir de propios y extraños, la nueva administración decidió enfrentar el gravísimo problema que representa el llamado huachicoleo, lo cierto es que el mismo ha permitido también, de manera temporal, al menos, distraer y/o posponer la debida atención de asuntos que si bien no entrañan la gravedad de aquel, sí exigen de una atención y solución inmediatas.

Nos referimos, en concreto, a la multiplicación de acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales promovidas por órganos autónomos, y al cúmulo de demandas de amparo que a título personal y/o grupal han presentado no menos de 25,000 funcionarios de alto y medio nivel del propio gobierno federal, en contra de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, mayoritariamente votada por legisladores de Morena y sus aliados.

Así por ejemplo, y luego de que algo más de medio centenar de senadores de Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano y el de la Revolución Democrática (PRD) presentara, a principios de diciembre, una primera acción de inconstitucionalidad contra el referido ordenamiento, consiguiendo un primer dictamen de la Corte ordenando al Legislativo su no aplicación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que lidera Luis Raúl González Pérez, hizo lo propio, por lo que el pleno del máximo tribunal judicial agregó ésta a la primera y responsabilizó de su dictamen al ministro Alberto Pérez Dayán.

En tanto, y luego de conocer la situación en que se aprobó su respectivo presupuesto de egresos para el año que comienza, y en abierto reto a la disposición presidencial de reducir (por abajo del suyo) el sueldo de sus servidores, tanto el Banco de México (Banxico), de Alejandro Díaz de León, como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), de Alejandra Palacios Prieto, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), de Gabriel Contreras Saldívar, órganos autónomos por mandato constitucional todos ellos, promovieron sendas controversias constitucionales a las que, igualmente, la Corte dio entrada prácticamente de inmediato.

Si a ello agregamos el que poco más de 25,000 servidores públicos de medio y alto nivel, de manera personal o grupal, han presentado algo más de 3,500 demandas de amparo contra la misma Ley, podemos entender que éste es un problema que finalmente acabará “reventando” y generando, casi casi que sin importar el sentido del dictamen sobre el mismo, un nuevo problema al gobierno en ciernes que, tarde o temprano, verá caer –“como de hecho ocurre ya”– la aplastante mayoría, la popularidad y los altísimos niveles de credibilidad con que su titular y afines llegaron al poder.

Al tiempo…

ASTERISCOS

* Importante, sin duda, la formal irrupción en la vida interna del Revolucionario Institucional (PRI) del “Movimiento Líder” que, con Héctor Yunes y José E. Alfaro a la cabeza, exigió a la dirigencia que preside Claudia Ruiz Massieu una “mayor y más contundente presencia en la defensa de los intereses de la sociedad”, y llamar a consulta a la militancia para actualizar la Declaración de Principios, Estatutos y Programa de Acción partidistas… 

* Vaya singular y cínica manera de resolver un problema, la del impresentable diputado Cipriano Charrez Pedraza, de Morena, quien luego de  ser “pillado” huyendo, presuntamente ebrio, tras embestir a un taxi con su camioneta y matar a su joven conductor, logró, vía el acoso y la entrega de 180 mil pesos y un auto, el perdón del padre de la víctima que presume ahora, le librará de toda sanción. El Comité de Ética de San Lázaro tiene la palabra…  

Veámonos aquí mañana, con otro asunto De naturaleza política.

 

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