Agrio “presente” judicial…

Y esto porque, independientemente del curso que el asunto pudiera tener en los meses por venir, la decisión del ministro Luis María Aguilar de admitir a trámite la controversia constitucional que contra el llamado Decreto Nahle promovió la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), inhibió de tajo la pretensión del gobierno de la 4T de reasumir el monopolio de la producción y distribución de energía eléctrica por parte del Estado, sin importar que, con ello, pudieran ponerse en riesgo inversiones de capital nacional y extranjero por poco más de 30,000 millones de dólares en 18 entidades del país para la generación de las llamadas energías renovables.

Duro golpe éste que, al margen de consideraciones políticas, valida la autonomía del Poder Judicial ante el que más de 72 empresas promovieron amparos contra la disposición de la Sener, de la cuestionada Rocío Nahle, que en la elaboración del decreto en cuestión pasó por encima de la ahora oficiosa Comisión Reguladora de Energía (CRE) y, claro, también de la antimonopólica Cofece, que lidera Alejandra Palacios, y cuya existencia —“¿sabían algo ya en Palacio?”— intentó poner en entredicho el expriista, experredista y ahora moreno Ricardo Monreal, hace un par de semanas.

Todo, al margen de generar un inusual cierre de filas entre gobernadores y empresarios opositores, igual que con un sinnúmero de profesionales o especialistas y asociaciones promotoras de la generación de energías limpias, contrarias a la adopción de políticas como las que suponen el retorno de la CFE, del impresentable Manuel Bartlett, y de Pemex, del (casi) agrónomo Octavio Romero, de volver a la generación de energía vía el uso de recursos altamente contaminantes.

En ese marco, por ejemplo, los gobernadores de extracción panista (GOAN) celebraron la decisión de la Corte que, manifestaron, garantiza los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia, contra un decreto que “buscaba impedir la producción e inversión en energías limpias”, renovables, que, en sí mismas, son altamente amigables con el medio ambiente y, sobre todo, apoyan el fortalecimiento de la economía familiar vía la creación de empleos.

La reacción oficial no se hizo esperar y ya en la mañanera de ayer quedó claro que el gobierno no bajará la guardia e insistirá en el tema, pues, dice, los contratos signados en el sector implican corrupción y abuso. Veremos…

Veámonos el viernes con otro asunto De naturaleza política.