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La defensa de Donald Trump en su juicio político desafía el consenso legal

Columnista invitado Global

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Por Charlie Savage*

 

Desde que comenzó el juicio político contra el presidente estadunidense, Donald Trump, sus abogados han hecho cada vez más énfasis en un sorprendente argumento: incluso si abusó de sus poderes con el propósito de presionar a Ucrania para que interfiriera en su favor en las elecciones de 2020, no importa, porque la Cámara de Representantes nunca lo acusó de cometer un delito ordinario.

Este argumento ha generado un debate muy generalizado, pues refuta la opinión consensuada de los académicos, la cual manifiesta que el proceso de destitución existe para remover a funcionarios que abusan de su poder. La frase “altos crímenes y delitos menores” define una violación grave de alguna responsabilidad pública que no tiene por qué ser también un delito ordinario, explicó Frank O. Bowman III, profesor de derecho de la universidad de Misuri.

“Este argumento es una interpretación constitucional absurda”, señaló Bowman. “El consenso casi universal (en Reino Unido, en las colonias, en los estados de Estados Unidos entre 1776 y 1787, en la Convención Constitucional, en adelante) ha sido que no se requiere ninguna conducta criminal para celebrar un juicio político”.

Claro que el argumento es conveniente en lo político para Trump. Para los senadores republicanos moderados que quizá no estén muy contentos con lo que demuestran los hechos acerca de su campaña de presión sobre Ucrania, es una teoría que les da otro razonamiento para exonerar al presidente. El equipo legal de Donald Trump insistió en ese argumento en las 110 páginas del documento presentado al Senado. “La recién inventada teoría de los demócratas de la Cámara de Representantes sobre el abuso de poder se desmiente desde un principio porque no se fundamenta en ninguna contravención a las leyes”, escribieron los abogados del presidente.

Muchos expertos en derecho afirman que los senadores no deberían tomar en serio tal argumento. Entre otras cosas, hacen notar que existen pruebas de que, desde hace siglos, antes de la Revolución de Estados Unidos, el Parlamento británico impugnaba a sus funcionarios por “altos crímenes y delitos menores” que constituían abusos de poder sin ser delitos procesables. Los constituyentes se basaron en este patrón para formular el texto de la Constitución, que hace eco de ese concepto.

Algunos expertos hicieron énfasis en otros acontecimientos de gran importancia. En 1788, cuando los promotores de la Constitución intentaban convencer a los estados de ratificar el documento, Alexander Hamilton describió la conducta impugnable en un artículo de los Federalist Papers como “aquellas infracciones que se derivan de la mala conducta de los servidores públicos o, en otras palabras, el abuso o la violación de una responsabilidad pública” e infracciones “políticas” que lastiman a la sociedad.

Hamilton también escribió que una diferencia entre los juicios políticos y los ordinarios es que los fiscales y los jueces no están tan limitados “para delinear la infracción”.

Los críticos de la teoría del equipo de Trump también han resaltado que cuando se redactó la Constitución no se había consignado por escrito casi ninguna ley federal en materia penal. “Es muy claro que no es necesario ni suficiente cometer un delito para que un acto sea fundamento para un juicio político”, comentó John Mikhail, profesor de derecho en la Universidad de Georgetown.

Alan Dershowitz, profesor emérito de la Escuela de Derecho de Harvard y reconocido abogado penal, se incorporó al equipo legal de Trump y en este momento prepara una presentación sobre la idea que, según dice, piensa plantear frente al Senado el 24 de enero. Dershowitz añadió que su intención es modelar su presentación con base en un argumento expuesto en 1868, durante el juicio político del presidente Andrew Johnson, por su principal abogado defensor, Benjamin Robbins Curtis, antiguo juez auxiliar de la Corte Suprema. Johnson se salvó de ser condenado y destituido porque faltó un voto para llegar a la supermayoría necesaria. Curtis argumentó que no se acusaba a Johnson de un delito legítimo, por lo que destituirlo trastocaría la estructura constitucional y convertiría al juicio político en una herramienta rutinaria de lucha política.

Otros académicos, como Laurence Tribe, especialista en la Constitución de la Escuela de Derecho de Harvard y un franco crítico de Trump, han sostenido que Dershowitz malinterpreta y analiza de más este aspecto del juicio de Johnson, en especial si se considera el contexto de otras pruebas sobre la interpretación original de “altos crímenes y delitos menores” y el conjunto de factores que influyeron para que Johnson fuera exonerado por un margen mínimo.

En un artículo de opinión del Washington Post, Tribe acusó al equipo legal de Trump de emplear “argumentos legales falaces para confundir al público estadunidense o a los senadores encargados de determinar su destino”.

Desde una perspectiva, el argumento quizá ni siquiera importe. Bowman recalcó que, si bien el cargo presentado por la Cámara de Representantes no se refiere a ningún ordenamiento jurídico penal, la conducta descrita en el cargo de abuso de poder “claramente se basa” en el delito de pedir un soborno. (La Oficina de Rendición de Cuentas concluyó que la decisión del gobierno de Trump de congelar ayuda militar para Ucrania, aprobada por el Congreso, era equivalente al embargo ilícito de fondos, pero no existen multas penales asociadas con la contravención de esa ley).

Con todo, Mikhail considera que Dershowitz y el equipo legal de Trump están equivocados. “Se trata de gente muy inteligente y conocedora de temas jurídicos”, dijo. “Comprenden las leyes. Sin duda, pueden ver más allá de cualquier treta o truco diseñado para distraerlos y hacerlos errar”.

 

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