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Banderas de unidad en Chile

Columnista invitado Global

Columnista invitado Global

 

Alejandro Guerrero Monroy

Politólogo, economista e internacionalista

Twitter @AGuerreroMonroy

 

El pasado domingo, la ciudadanía chilena trazó una hoja de ruta para su futuro y se convino la composición de una nueva Constitución. El último vestigio de la dictadura lo representaba una Constitución aprobada en 1980 que nació con cuestionamientos a su legitimidad.

Su redacción original contenía severas deficiencias democráticas en la que se requerían altos quórums para realizar reformas y otorgaba concesiones a Pinochet para continuar en el poder ocho años más, entre otras previsiones.

Aunque fue reformada en numerosas ocasiones, la realidad social reclamaba un texto constitucional de vanguardia que considerara respuestas efectivas a las necesidades sociales y económicas tales como el derecho a la salud, gratuidad en la educación y un nuevo sistema de pensiones.

Desde el fin de la dictadura en 1988 —cuando un referéndum determinó la salida de Pinochet del Palacio de La Moneda y abrió paso a los acuerdos políticos para la democracia plena— no se había visto una movilización de tal magnitud, con millones de ciudadanos formados para votar.

El plebiscito fue resultado de un amplio pacto parlamentario por la paz suscrito en la tensa madrugada del 15 de noviembre de 2019, en el contexto de un estallido social con casi cuatro millones de chilenos protestando por los pocos derechos sociales garantizados. La transición chilena a la democracia —iniciada en 1989— fue caracterizada por el diálogo político y la conciliación social.

Los partidos políticos se aliaron con la convicción de restaurar una verdadera división de poderes y elecciones libres. Con este propósito común se agruparon para conformar gobiernos de concertación desde 1990 hasta 2010. Cabe decir que en tres décadas Chile ha destacado como una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina, ocupando los primeros rankings en competitividad, libertad económica y ausencia de corrupción. 

No obstante, más de 30% de la población es económicamente vulnerable y la desigualdad de ingresos es elevada. El crecimiento del PIB se redujo de 3.9% en 2018 a 1.1% en 2019 y se estima una caída de hasta 7.5% para este año, en el que la pandemia los ha golpeado con dureza, con casi 500 mil contagiados y 14 mil muertes. La pobreza ha aumentado sustancialmente y el desempleo se ubica en 13% con más de un millón de personas desocupadas.

Consumado el referéndum con una aprobación de 78% para confeccionar una nueva Carta Magna, el siguiente paso resulta fundamental. Los chilenos optaron por un Constituyente mixto y paritario que será conformado a la par por 86 parlamentarios y 86 ciudadanos electos en votación el próximo 11 de abril, con 43 hombres y 43 mujeres en el que se destinarán candidaturas para pueblos originarios.

Es clave que la Convención redactora defina su itinerario, articule un vínculo cercano con la gente y escuche su opinión. La legitimidad del documento debe ser esencial desde su gestación. Los temas a debatir como el régimen de gobierno y la incorporación de derechos de segunda generación como la protección del medio ambiente, la no discriminación y los derechos indígenas son elementales.

Es así como Chile encara un proceso de reparación histórica de cara a su futuro. Por lo pronto, como dice la famosa letra de la canción chilena de libertad, “millones ya imponen la verdad, sus manos van llevando la justicia y la razón. Avanzan ya banderas de unidad”.

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