El Watergate mexicano

El lunes, el diario estadunidense The New York Times reveló que el gobierno federal espía a periodistas y activistas por medio del malware Pegasus, diseñado por NSO Group, una compañía israelí que vende esta herramienta exclusivamente a gobiernos, bajo la condición de no emplearla como instrumento de presión política. Sucedió justamente lo contrario y hoy estamos ante un Watergate mexicano.

La historia del prestigiado diario neoyorquino es una ampliación de una investigación hecha por Citizen Lab, un laboratorio de la Universidad de Toronto especializado en seguridad nacional. Entre sus principales hallazgos, destacan más de 76 mensajes con vínculos al malware de NSO, que fueron enviados a periodistas, abogados y activistas de derechos humanos y combate a la corrupción (curiosamente, los dos talones de Aquiles de esta administración).

Aunque el gobierno federal ha negado estar implicado en estos casos de espionaje, lo cierto es que no parece tener escapatoria. El software utilizado fue adquirido por la Sedena, la PGR y el Cisen, y la investigación documenta que desde 2011 al menos esas tres instituciones invirtieron cerca de 80 millones de dólares en el programa de espionaje de NSO.

Tampoco podemos olvidar que apenas en mayo de este año las organizaciones civiles que formaban parte de la Alianza para el Gobierno Abierto se retiraron públicamente de esta mesa de trabajo por la falta de “condiciones y de diálogo con el gobierno federal”, justamente a propósito de casos de espionaje.

De comprobarse la responsabilidad de las instituciones del Estado mexicano en estos casos de espionaje, estaríamos ante una grave violación del artículo 16 de la Constitución, que señala que las comunicaciones privadas entre particulares son inviolables, debiéndose sancionar cualquier acto que atente contra la libertad y la privacidad. Pero, más grave aún, estaríamos siendo testigos de un Estado que se lanza contra sus ciudadanos, contra sus críticos, contra quienes buscan cambiar las cosas.

Este escándalo revela coincidencias importantes con el espionaje ordenado desde la Casa Blanca durante el gobierno de Nixon: ambos realizaron estas actividades de manera ilegal, persiguiendo un beneficio político; fueron ejecutadas por funcionarios del gobierno y se desviaron montos importantes de recursos públicos para financiarlas; en ambos casos los blancos fueron opositores y voces críticas.

Cuando se destapó el Watergate, el gobierno de Nixon acosó a periodistas, opositores y grupos de activistas a través del uso faccioso de las instituciones de seguridad e inteligencia, con el argumento de que eran sospechosos. Finalmente, la Suprema Corte y el Senado de Estados Unidos intervinieron para investigar el caso y se sentó un precedente en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Cuarenta y cinco años después, se descubre que presumiblemente el gobierno mexicano ha espiado a periodistas, a importantes organizaciones defensoras de derechos humanos y de combate a la corrupción.

En Estados Unidos, como sabemos, el Watergate terminó con la salida de Nixon de la Presidencia. Ojalá que el desenlace mexicano no sea un escándalo más de nuestra vida pública y existan consecuencias. Ojalá que no permitamos que las instituciones se pongan en contra de los ciudadanos.

                *Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.