Un presupuesto centralista e inercial

Los acuerdos fundamentales entre la Federación y las entidades federativas, formalizados entre 1978 y 1980, en la Ley de Coordinación Fiscal y los convenios entre Federación y estados, tienen por tanto 40 años. Año con año se modifican y se agregan leyes, ya sea para descentralizar grandes responsabilidades y magros presupuestos, ya sea para arrepentirse y volver a centralizar o para agregar instrumentos de fiscalización y transparencia. Pero las fórmulas que calculan las participaciones federales a las entidades son las de hace 40 años. En cuanto a las aportaciones, como ha sucedido con los fondos dedicados a la educación y salud, vienen aumentando las responsabilidades y disminuyendo los conceptos que cubren las aportaciones, por cierto, una de las principales causas del endeudamiento de los estados.

El México de 2019 es radicalmente diferente del de 1980. En ese año éramos 75 millones de habitantes, hoy somos 133 millones. Teníamos una tasa de crecimiento poblacional de 3.2 por ciento, muy superior a la tasa de reposición demográfica de 2.2 por ciento. Hoy crecemos por debajo de la tasa de cero crecimiento poblacional, apenas al 1.7 por ciento. Tenemos proporcionalmente el doble de población mayor de 65 años y más, que la que teníamos en 1980. Y esos cambios se han traducido en dinámicas muy distintas en las entidades federativas. Por ejemplo, en 1980 había 50 por ciento de habitantes en el campo y 50 en la ciudad. Hoy esa proporción es del 20 por ciento y 80 por ciento, respectivamente. Un ejemplo claro de estos cambios que afectan a los estados, pero que se ignoran año con año en los presupuestos de la Federación es la migración interior. Por ejemplo, hoy hay más indígenas triquis en el área conocida como Costa de Hermosillo, Sonora, que en Oaxaca.

Otro ejemplo de cambio demográfico radical es el de Ciudad Juárez. En 1980, tenía medio millón de habitantes. Hoy ha triplicado su población, con tasas de crecimiento demográfico muy superiores a la media nacional. Ciudad Juárez creció a tasas de casi 5% anuales en los años 90.

Comparativamente, la Ciudad de México prácticamente no crece desde 1980. Aunque sus habitantes perciban una enorme congestión humana, la verdad es que el antiguo Distrito Federal estabilizó su población aproximadamente en 8.5 millones de habitantes y a partir de 1985 a la fecha pierde pobladores año con año.

El Proyecto de Presupuesto presentado por la SHCP insiste en la tendencia inercial de sofocar a las entidades federativas. Por primera vez en más de una década, disminuyen con respecto al PIB los recursos participables: de 7.7% a 7.5% con respecto al PIB con una pérdida neta de 0.5 por ciento. Se diseña un presupuesto para los proyectos del Presidente de la República como si estados y municipios fueran abstracciones. Si crece el monto de las pensiones en forma desproporcionada, llevándose más de todo lo que se recauda por IVA, en lugar de pensar en una reforma fiscal, se propone quitarle recursos a  las entidades federativas para compensar.  

El gasto de inversión (datos del CIEP) ha disminuido 43% de 2015 a 2020 y representa ahora, apenas 2.9% con respecto al PIB, reforzando la tendencia inercial al bajo crecimiento. Sólo crece la inversión para los proyectos conocidos (Tren Maya, Proyecto Interoceánico, Dos Bocas), cuya viabilidad está cuestionada. La República no es ni quiere ser un anexo de Palacio Nacional. Urge un diálogo entre los Poderes para revisar los acuerdos de hace 40 años y adecuarlos a la realidad actual: un México diverso cuyas diferencias deben reflejarse en nuevos acuerdos que premien e incentiven los esfuerzos locales en vez de castigarles.